La República Bolivariana de Venezuela, denunció este domingo ante la comunidad internacional la decisión del Gobierno de Brasil, de otorgar la condición de refugiados a los cinco hombres desertores del Ejército venezolano, responsables del asalto armado al Batallón fronterizo 513 de infantería ubicado en la Gran Sabana, estado Bolívar, el pasado 22 de diciembre.
Texto: AVN
Mediante un comunicado publicado por el Ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; Venezuela asevera que existe un patrón de protección y complicidad de gobiernos aliados a Estados Unidos (EEUU) con el objeto de generar desestabilización y agredir la paz de Venezuela.
Por su parte, la vicepresidente Ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que la decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de otorgar la condición de refugiados a cinco hombres desertores del Ejército venezolano, deja en evidencia su complicidad con el gobierno de Estados Unidos y con planes contra Venezuela.
“¡La decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro es prueba fehaciente de su complicidad para desestabilizar la tranquilidad de la República Bolivariana de Venezuela y atentar contra su gobierno legítimo! ¡Se ha convertido así, además, en santuario de terroristas!”, escribió Rodríguez en su cuenta en Twitter.
A continuación el comunicado íntegro:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la decisión del gobierno de la República Federativa de Brasil de dar condición de refugiados a los cinco terroristas responsables materiales del asalto al 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla ubicado en Luepa, Gran Sabana del estado Bolívar, el pasado 22 de diciembre de 2019, donde se sustrajeron 120 fusiles de asalto y 9 lanzacohetes en una operación violenta en la que perdió la vida un soldado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La República Bolivariana de Venezuela denuncima ante la comunidad internacional esta insólita decisión que confirma el patrón de protección y complicidad de gobiernos satélites de Estados Unidos para agredir la paz de Venezuela a través de mercenarios que han confesado sus crímenes, sobre los cuales existe demostrada convicción de pruebas, entrenados, pagados y protegidos por gobiernos de países vecinos. Debe destacarse que este grupo de terroristas confesó mediante registro audiovisual público, notorio y comunicacional, su responsabilidad y participación en tan graves hechos.
Al otorgar refugio sobre supuestos no contemplados en las convenciones internacionales correspondientes, la República Federativa de Brasil, no solo agravia el derecho internacional humanitario, sino que establece peligrosos precedentes de protección a personas que han cometido delitos flagrantes contra la paz y estabilidad de otro Estado. El gobierno brasileño se convierte así en cómplice de actividades armadas contra países vecinos y el protector de los delincuentes y mercenarios que las protagonizaron.
Cabría preguntarle a las autoridades políticas y militares de Brasil cuál sería su reacción si Venezuela le diese protección jurídica a desertores de su ejército, huyendo de un ataque a instalaciones militares brasileñas, perpetrado para generar zozobra en su población. El pueblo de Venezuela tiene la certeza que el pueblo de Brasil jamás acompañaría decisiones temerarias como las que ha tomado el debilitado gobierno de Jair Bolsonaro.
Todo lo anterior, indica que este tipo de decisiones del gobierno brasileño es parte de la ilegal y peligrosa activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), cuyo propósito se orienta a generar las condiciones para una intervención militar en Venezuela. En este sentido la República Bolivariana de Venezuela ante la existencia de sobradas evidencias probatorias y la confesión pública de los crímenes, insistirá en reclamar la entrega inmediata de este grupo de delincuentes, al tiempo que denunciará la posición demostrada hasta ahora por las autoridades brasileñas en las instancias internacionales pertinentes, incluyendo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Caracas, 29 de diciembre de 2019