“Estado y represión: Caso Ayotzinapa”, un foro para disertar sobre democracia y derechos humanos

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Jesús Franco (izq.)

Dentro del marco del Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI: Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, se realizó el foro “Estado y represión: Caso Ayotzinapa” en la Casa Amarilla de la Cancillería. El foro formó parte de la mesa de trabajo Antiimperialismo, Multipolaridad y Relaciones Sur- Sur, donde participaron exponentes de México y Venezuela, quienes compararon las consecuencias que han sufridos ambas naciones por parte del imperialismo.

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Prensa CNT (Nathacha Bonilla)

Algunas de las consecuencias debatidas fueron, por un lado, el maltrato de los inmigrantes mexicanos por parte de Estados Unidos; y, por el otro, el maltrato a campesinos e indígenas por parte del Gobierno de México en el territorio mexicano, entre ellos, el caso Ayotzinapa.

El sindicalista y activista político Jesús Franco, representante del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa, fue el encargado de exponer el tema sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas secuestrados el año pasado por la Policía Municipal del estado Guerrero y entregados a la organización criminal Guerreros Unidos, así como las causas que lo originaron.

Origen del conflicto

Desde que fue fundada, en la década de los años veinte del siglo XX, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una institución de nivel superior para varones pertenecientes al sistema de escuelas rurales, ha sido un fuerte componente de transformación social y semillero de movimientos sociales.

Por dicho motivo, es considerada por varios Gobiernos de la derecha mexicana como un semillero de guerrilleros, reforzados por la educación integral que se imparte, que incluye el marxismo y el trabajo de la tierra; además, se fomenta año tras año la exigencia de mejoras a la Escuela y a la población estudiantil.

Precisamente, en noviembre de 2011, los estudiantes de Ayotzinapa se trasladaron a Chilpancingo para solicitar el cumplimiento de un pliego petitorio, como lo hacían todos los años. No obstante, la manifestación del 12 de diciembre de ese año no terminó en términos pacíficos, ya que la policía reprimió con fuego la protesta, ocasionando la muerte de dos estudiantes y un empleado de una gasolinera cercana.

La tensión entre los normalistas y las fuerzas policiacas estalló violentamente, en Iguala de la Independencia, cuando integrantes de la Policía Municipal, el Ejército y la Marina secuestraron a 43 estudiantes (asesinando en el proceso a cuatro normalistas y tres civiles), para luego entregarlos a los Guerreros Unidos, quienes presuntamente los torturaron y asesinaron confundiéndolos con el cártel de narcotráfico rival Los Rojos o lo hicieron por órdenes del entonces presidente municipal de Iguala, José Luís Abarca Velásquez.

Intereses gubernamentales

Franco explicó que el hecho de que los normalistas hicieran uso de la agricultura afectaba los intereses del Gobierno municipal, altamente vinculado con el narcotráfico; además de que en términos políticos afectaban la estabilidad gubernamental, razón por la cual decidieron deshacerse de ellos. Y debido a la indiferencia del Gobierno Federal por rescatar a las víctimas, o conseguir sus cadáveres y hacer justicia, las madres y los padres de estos jóvenes decidieron organizar el 26 de cada mes una protesta pacífica donde se exigen:

  1. Que aparezcan sus hijos ya, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
  2. En el caso de no estarlo, que aparezcan los 42 cadáveres restante (ya que uno fue identificado hace algunos meses).
  3. Llevar ante la justicia a todos los responsables de las muertes no sólo de los 43 normalistas, sino de los estudiantes asesinados desde el 2011. A los autores materiales e intelectuales.
  4. Pedir apoyo económico y moral a organizaciones y personas para seguir con la lucha de buscar justicia.

El activista también señaló que la desaparición forzosa no es algo nuevo en México, ya que varios campesinos y aborígenes han sido reprimidos, secuestrados y asesinados por luchar por una mejoría laboral y querer sindicalizarse. Aseguró que la injustica con los inmigrantes y gente pobre no es exclusiva de las autoridades estadounidenses, sino de sectores de varias partes de Latinoamérica que desprecian los movimientos sociales izquierdistas, por lo que es vital mantener la solidaridad internacional y defender los derechos humanos de todos los pueblos.

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