Existen frases que saltan a la memoria para explicar en pocas palabras las cosas. Recientemente tomé prestada la de August Bebel, “qué has dicho, viejo imbécil, que la canalla te aplaude”, para resaltar la posición del gobierno argentino ante su voto en contra de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas que recibió la felicitación de Juntos por el Cambio, coalición que apoya a Mauricio Macri.
La diplomática argentina Alicia Castro presentó su renuncia como embajadora de su país ante Rusia por su desacuerdo «con la actual política de Relaciones Exteriores» del Gobierno de Alberto Fernández, luego del voto de Buenos Aires a favor de una resolución sobre derechos humanos en Venezuela, propuesta por el Grupo de Lima. El conflicto surge porque Argentina se abstuvo de apoyar la resolución que respaldaba la actuación de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Caracas, y, en cambio, votó a favor de la propuesta sobre esa materia que presentó el Grupo de Lima, un equipo de países que no reconoce a la Administración de Nicolás Maduro.
Este martes, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se aprobaron dos resoluciones sobre los Derechos Humanos (DD.HH.) en Venezuela. Sin embargo, aunque tocan el mismo asunto, ambas van en direcciones opuestas: la primera resolución busca el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en torno a los DD.HH. en la nación suramericana, mientras que la otra fue promovida por el Grupo de Lima y representa para el Gobierno venezolano un nuevo intento de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Ambas fueron aprobadas durante el 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, exhortó este sábado a todos los países soberanos a rechazar el manipulado informe sobre derechos humanos presentado en Ginebra por una comisión Ad Hoc.
Una comisión del Poder Ciudadano viajará en los próximos días a diferentes organismos internacionales, con el fin de presentar el informe «La verdad de Venezuela» en materia de derechos humanos, y contrarrestar así el documento presentado por una supuesta «misión independiente» de la ONU, financiado en realidad por el Grupo de Lima. Así lo informó este lunes el fiscal General de la República, Tarek William Saab.
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El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, afirmó que, durante su gestión, que inició en 2017, se ha logrado la condena, con sentencias definitivamente firmes, de 140 agentes de seguridad del Estado, por violaciones a los derechos humanos (DDHH). Agregó que el Ministerio Público (MP) ha imputado, con procesos para condena por los mismos delitos, a mil funcionarios entre policías y militares. Tal afirmación la hizo este domingo durante su participación en el programa “Aquí con Ernesto Villegas”, espacio de entrevistas conducido por el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, a través de las plataformas digitales y transmitido por Venezolana de Televisión y Alba Ciudad.
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El fiscal general de la República, Tarek William Saab; el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, presentaron el informe: “La verdad de Venezuela contra la infamia: Datos y testimonios de un país bajo asedio”. El documento sistematiza las violaciones de los derechos humanos cometidas por los que promueven la violencia contra la nación.
“¡Ni es independiente ni es de Naciones Unidas! Es lo primero que tenemos que desenmascarar al mundo», denunció este jueves el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, en torno al informe sobre derechos humanos en Venezuela emitido el pasado 16 de septiembre por una autodenominada «Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos», adscrita a las Naciones Unidas. «Ellos agreden a Venezuela con mentiras, a nombre de la ONU», denunció el Jefe de Estado venezolano este jueves, al recibir del Fiscal General del país, Tarek William Saab, el informe «La Verdad de Venezuela: contra la infamia del Grupo de Lima», elaborado por varias organizaciones, que muestra un punto de vista distinto sobre los derechos humanos en el país.
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Los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del Poder Judicial, manifestaron su más contundente rechazo al informe elaborado por una comisión paralela impulsada por autodenominado Grupo de Lima, sobre la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en el país. A través de un comunicado, el Supremo venezolano alertó que el principal objetivo de estos promotores del odio no es otro que utilizar los derechos humanos como herramienta política para agredir a la institucionalidad democrática y buscar nuevas y mayores agresiones contra el país.
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El canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el Fiscal General del país, Tarek William Saab, realizaron este sábado una rueda de prensa conjunta para salir al paso al Informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela, presentado recientemente por una la «Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos» amparada por las Naciones Unidas, la cual «sólo busca manchar el proceso electoral del próximo 6 de diciembre, dañar los procesos de diálogo político a lo interno y socavar el trabajo que viene realizando nuestro país con la alta comisionada Michelle Bachelet», señaló el canciller. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, detalló este sábado las acciones del Ministerio Público, en nombre del Estado venezolano, para defender los derechos humanos.
En un comunicado, la Asociación Venezolana de Juristas (AVJ) señala las diferencias y contradicciones entre las investigaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que recientemente publicó una nota resaltando la cooperación y la ayuda técnica que le ha presentado el gobierno venezolano) y la «Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos», también amparada por las Naciones Unidas, que el Estado venezolano no reconoce desde que fue establecida hace un año por su parcialidad, y que hace unos días emitió un controversial informe de 443 páginas contra el país, que ha copado numerosos titulares de la prensa internacional. Señala el comunicado de la AVJ las «contradicciones y las luchas internas de poder en el marco de la ONU, e inclusive dentro del Consejo de Derechos Humanos», al haber «una clara duplicidad de esfuerzos y recursos» en la investigación sobre un mismo tema, y pide que «se continúe con la cooperación emprendida entre la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Estado Venezolano», dejando de aprobarse extensiones de mandato a la Misión Independiente de Determinación de Hechos.
El abogado Ignacio Ramírez Romero, Msc en Relaciones Internacionales y primer suplente de la Defensa Pública de Venezuela, explica en este texto sus opiniones como experto legal en torno al informe sobre derechos humanos en Venezuela, emitido el 16 de septiembre pasado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este miércoles el informe realizado por una Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas (ONU), por considerar que está «plagado de falsedades» y no posee «rigor metodológico alguno».
Durante la presentación de una actualización oral de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, Michelle Bachelet, resaltó el compromiso del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, con la investigación de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Bachelet se refirió específicamente al esclarecimiento de 58 casos de ejecuciones extrajudiciales y de 35 casos de muertes ocurridas durante protestas y que fueron documentados en su oficina y presentados en el Ministerio Público.
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Desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció este lunes los avances de su oficina en la cooperación técnica con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con el que además renovó por un año el Memorando de Entendimiento suscrito el 20 de septiembre del año pasado. Así lo informó la alta funcionaria durante la actualización oral de su informe sobre los avances en la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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El embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, denunció que el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (DDHH), en relación con el funcionamiento del Sistema de Justicia del país y la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, está parcializado y fue elaborado sin contactar al gobierno venezolano para obtener insumos sobre el tema.
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El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Néstor Reverol, ordenó «una investigación a fondo de los hechos y los funcionarios actuantes» en torno a lo ocurrido durante un procedimiento del FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) en el sector El Limón de la carretera vieja Caracas-La Guaira, en el cual murieron cinco personas. El ministro instruyó al jefe de la División de Homicidios del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) encargarse personalmente de las investigaciones y prestar colaboración a dos Fiscales del Ministerio Público en el área de derechos humanos. Por su parte, el Fiscal general, Tarek William Saab, indica que el caso está siendo investigado.
La suspensión de las sanciones económicas contra países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Myanmar y Zimbabwe fue solicitada este martes por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por considerar que tales medidas unilaterales y coercitivas atentan contra los derechos humanos y el acceso a los insumos de salud, necesarios para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19.
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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, una nueva actualización de su informe sobre Venezuela. Si bien mantuvo sus críticas y observaciones contra el gobierno venezolano, señaló su preocupación ante la imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales contra el país por parte del gobierno de Estados Unidos, que menoscaban derechos fundamentales del pueblo venezolano. También valoró el diálogo entre gobierno y oposición.
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Venezuela ratificó este jueves su disposición al diálogo y cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (DDHH), Michelle Bachelet, además de su sólido compromiso con la promoción, protección y realización de estas garantías.
Venezuela participa en la 43 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual se celebra en Ginebra, Suiza, desde este 24 de febrero hasta el 20 de marzo de 2020, reseña el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter, @CancilleriaVE.
El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter @jaarreaza, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el impacto negativo que ejercen sobre las rutas financieras venezolanas las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Gobierno norteamericano y que pone en riesgo los compromisos del Estado venezolano.
Agentes de las fuerzas públicas de Chile, reprimieron nuevamente una movilización de ciudadanos chilenos en contra el presidente Sebastián Piñera, en la Plaza Italia, renombrada Plaza de la Dignidad, tras cumplirse nueve semanas desde el inicio de las protestas sociales en ese país.
La CIDH condenó el viernes en un comunicado el “uso excesivo de la fuerza” por parte de los Carabineros (policía militar) en las manifestaciones contra el Gobierno de Sebastián Piñera, y expresó su preocupación por el aumento del número de denuncias de “graves violaciones de derechos humanos” (DD.HH.) registrados por los organismos internacionales incluidos los propios órganos del Estado.
A través de un comunicado, el Gobierno venezolano rechazó el uso político de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de pretender conformar una «Misión de Determinación de Hechos para Venezuela». La información fue publicada por el canciller de la República, Jorge Arreaza, mediante su cuenta en la red Twitter @jaarreaza.
