Suspendieron elecciones en la UCV

Estudiantes ingresaron al Consejo Universitario este viernes en la tarde al enterarse de la suspensión, para exigir una nueva fecha de las elecciones. Además, gritaron «¡renuncia, renuncia!» a la rectora Cecilia García Arocha, quien tiene 15 años en el cargo. Créditos de la foto: Roison Figuera Peña, Tal Cual.

La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció este viernes en la tarde la suspensión del proceso para elegir nuevas autoridades en “la casa que vence las sombras”, luego de alegarse que una parte de las boletas y material electoral que se iban a usar el día de hoy, se dañaron tras ser almacenadas en un local que se vio afectado por las lluvias recientes. Esto llevó a muchos estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria a expresar su descontento por el proceso.

Texto: CiudadCCS y Alba Ciudad

En horas de la tarde, el presidente de la Comisión Electoral UCV, profesor Carlos Martín, anunció que el proceso será diferido para el próximo viernes 9 de junio. Así fue anunciado por la Dirección de Información y Comunicaciones de la UCV en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Las boletas se dañaron el día jueves, al parecer por almacenarse en un lugar donde había filtraciones y goteras, y las lluvias del pasado jueves causaron que se dañaran. No había boletas de respaldo.

Según el periodista Eugenio Martínez, la comisión electoral optó por un sistema de votación manual pero que usaba lectores ópticos que son propiedad de la Universidad Central de Venezuela. Este sistema era costoso y requería unas boletas especiales que iban a ser procesadas por las lectoras ópticas. Dicho proceso costó unos 30 mil dólares, según dicho periodista, o 50 mil dólares según el trabajador Venancio Sánchez, miembro del sindicato de transporte de la UCV, quien también denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había ofrecido hacer un proceso automatizado cobrando sólo 15 mil dólares, pero fueron descartados por la comisión electoral.

El periodista Martínez también denunció que la comisión electoral eligió el sistema manual, más costoso y que requiere más logística, por razones políticas en vez de escuchar los criterios técnicos.

La indignación llevó a un grupo de estudiantes a ingresar en el Consejo Universitario por la fuerza, inicialmente para exigir una fecha para la repetición de los comicios, y luego, al caldearse aún más los ánimos, exigieron la renuncia de la rectora García Arocha, quien ha permanecido en el cargo por 15 años sin llamar a elecciones en 2012, cuando le correspondía entregarlo.

La Comisión explicó que se realizará una investigación para dar con las fallas ocurridas en la jornada de hoy viernes. Sin embargo, el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), el estudiante Jesús Mendoza, aseguró que diferir las elecciones para el 9 de junio es una propuesta de la Comisión Nacional y no un hecho. Al respecto, declaró Mendoza: “el Consejo Universitario no aprobó hoy la fecha porque la Comisión Electoral necesita tener una sesión, aprobarlo con el cronograma. El Consejo Universitario se declaró en sesión permanente para poder confirmar y cambiar la fecha”.

En ese sentido precisó, que la Comisión Electoral debió comunicar con tiempo que no tenía la capacidad para realizar el proceso. La Comisión había decidido que el proceso electoral iniciaría a las 9:00 am y terminaría a las 8:00 pm. Sin embargo, en horas de la tarde, la Comisión anunció la suspensión del proceso argumentando que “continuar manteniendo a las personas en esta situación de incertidumbre fue el principal motivo (de la suspensión)”.

Detalló que el profesor Carlos Martín colocó su cargo a la orden, pero el Consejo Universitario no se lo aceptó. Punto que aumenta la incertidumbre de la comunidad ucevista pues, de aceptarse la renuncia de Martín el proceso quedaría diferido hasta el próximo año.

Elecciones que debieron hacerse en 2012

Las elecciones de autoridades debieron realizarse en 2012, pero el Consejo Universitario se negó a acatar la Ley Orgánica de Educación aprobada tres años antes, que exige en su artículo 34 que los votos de todos los miembros de la comunidad universitaria (incluyendo profesores, estudiantes, empleados, obreros, jubilados y egresados) tengan la misma ponderación; el llamado «1 a 1». La ley intentaba corregir el sistema anterior, que establecía porcentajes de participación a cada sector y causaba que el voto de un profesor equivaliera al voto de 40 estudiantes. Además, los empleados y obreros no podían votar por autoridades. Las universidades autónomas se negaron a realizar elecciones bajo estas condiciones, aún desacatando varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de los sectores afectados.

Para poder realizar estas elecciones de autoridades, se llegó a un acuerdo y se creó un reglamento transitorio en 2022, que establece unos porcentajes de participación basándose en que «la comunidad académica» es la creadora y difusora del conocimiento y su dirección «descansa en el cuerpo docente», por lo que se establecieron porcentajes de participación asignados a cada sector, los cuales se calculan sobre el número total de profesores votantes. Según esos porcentajes, el total de estudiantes regulares de pregrado corresponden al 25% de la ponderación de los votos, los egresados el 5%, al personal administrativo el 10% y al obrero el 10%.

Fotos vía @RCamachoVzla

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