La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que impulsará una Ley de Amnistía General que abarcará el período de violencia política extremista desde el año 1999 hasta el presente, como una forma de abrir espacios a la sana convivencia política en el país.
Texto: Últimas Noticias, Diario Vea, Actualidad RT / Fotos: Prensa Presidencial
El anuncio lo hizo en el marco de la Apertura de las Actividades Judiciales del Año 2026. Destacó que la propuesta de ley tiene sus antecedentes en las dos leyes de Amnistía del Comandante Chávez y en una del presidente Maduro. “Aquí está el espíritu de Chávez y de Maduro”, dijo la mandataria encargada.
Debe ser una ley “para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas”, manifestó en medio de los aplausos de jueces, juezas, magistrados y magistradas y personalidades presentes en el acto.
Pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, toda la colaboración para que una vez que la Comisión Especial para la Revolución Judicial y el Programa de Convivencia Democrática para la Paz se activen en torno a la norma, el Parlamento le dé celeridad.
Previamente, puntualizó que la decisión de la Ley de Amnistía fue discutida en el Alto Mando Político de la Revolución y que “también allí está la decisión del Presidente Nicolás Maduro y de la primera dama (Cilia Flores), con quienes tenemos intercambio, pero con quienes también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase una situación calamitosa para nuestra Patria, como en efecto ocurrió el 03 de enero”.
Rodríguez Gómez consideró que esta medida es una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. “Con diferencias, que las hay. Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela”, expresó firmemente.
Sin embargo, destacó que esta ley no beneficiará a quienes hayan cometido delitos graves, escudándose para ello en motivaciones políticas. “Quedarán exceptuados aquellos procesados, condenados por homicidio, por tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos”, dijo.
También dijo a quienes ya han recibido el beneficio de la excarcelación dictadas por el Gobierno nacional, que no se imponga la “venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela. Con diferencias, que las hay”. Exhortó a que desde la diversidad y pluralidad que existe se debe “coexistir con respeto y por encima de todas las cosas con respeto a la ley y la justicia en Venezuela”.
El Helicoide dejará de ser un centro de detención
Para dar un paso adelante en la superación de los tiempos de violencia política, la mandataria encargada dijo que el Helicoide dejará de funcionar como centro de detención y se convertirá en un Centro Social Deportivo Cultural para la familia policial y las comunidades aledañas, como símbolo de paz nacional.
“Que la justicia se convierta en la reina de las virtudes republicanas y que podamos garantizar la paz y el futuro de Venezuela como una nación independiente, libre, soberana y de paz”, dijo la mandataria en Cadena Nacional.
Humanización de la justicia
En sus reflexiones, la dignataria interina llamó la atención sobre la así llamada “criminalización de la pobreza”, al referir que en Venezuela, 68,8 % de los privados de libertad provienen de entornos empobrecidos (los sectores 4 y 5), mientras que solo el 1,14 procede del estrato socioeconómico más favorecido económicamente, lo que da cuenta de la existencia “un componente de selectividad socioeconómica” en la aplicación de la ley.
“Yo les pido que le demos un giro a esta realidad, que el Estado venezolano tenga intervención social y económica para la prevención del delito. Y pido también […] medidas alternativas al castigo y a la punición […], en el marco de una categorización de los delitos”, solicitó.
Tras esta exposición, hizo pública la convocatoria a “una gran Consulta Nacional” cuyo propósito sea la construcción de un nuevo sistema de justicia. La iniciativa estará a cargo de la Comisión de la Revolución por la Justicia, que encabeza el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
“Hay espacios donde los venezolanos y las venezolanas podemos seguir andando y dando pasos firmes, en cohesión y en unión nacional. Y la justicia es un espacio para la unión nacional, porque es la justicia para la tutela de los derechos de todos los venezolanas y venezolanos, sin distingo de clase social, acceso a poderes de ningún tipo. Es el concepto de justicia universal que debe tener un país para sostenerse”, alegó.
Antecedentes de la ley de amnistía
A propósito de la Ley de Amnistía General que la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó este viernes, cabe recordar que durante la revolución bolivariana, ya se ha hecho uso de esta potestad en beneficio de personas que han violentado principios constitucionales, siempre en aras de procurar la paz nacional.
Durante el período del Comandante Hugo Chávez Frías (1999–2013), la más destacada fue la que se dictó en 2007, publicada en Gaceta Oficial N° 5.870 extraordinaria con fecha 31 de diciembre de 2007, que dejó en libertad plena a las personas involucradas en los sucesos del 11 de abril de 2002 (firmantes del Decreto de Pedro Carmona).
También benefició a ciudadanos procesados por la toma de gobernaciones y alcaldías durante el mismo período y participantes en eventos relacionados con el paro petrolero de 2002 y 2003. El objetivo fue el de allanar un camino hacia la paz social y la convivencia política, tratando de cerrar las brechas generadas por la inestabilidad de años previos.
Quedaron excluidos de este beneficio los responsables de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Durante el período del presidente Nicolás Maduro (2013 – actualidad), se aprobó un indulto presidencial para facilitar procesos de diálogo con diversos sectores de la sociedad. En ese sentido, se otorgó el perdón de la pena o la extinción de la acción penal a 110 ciudadanos.
Esa decisión, publicada en Gaceta Oficial N° 6.569, con fecha 31 de agosto de 2020, incluyo a diputados con inmunidad levantada y dirigentes que se encontraban bajo medidas cautelares o en sedes diplomáticas. Ahí estaban nombres como Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Roberto Marrero y Henry Ramos Allup, entre otros lideres de partidos de oposición.
También en el actual gobierno de Maduro, se promovieron diferentes procesos de Diálogo y Excarcelaciones (2023–2024).
Pronunciamiento sobre licencia del Departamento del Tesoro
La presidenta encargada pidió también a la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, un pronunciamiento sobre la licencia general emitida este jueves 29 de enero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los recursos de Venezuela.
Rodríguez solicitó este pronunciamiento “en aras de preservar la jurisdicción de Venezuela y en aras de preservar el derecho de Venezuela a relaciones internacionales de diversidad y a relaciones de cooperación económica con todos los países del mundo”.
El Departamento del Tesoro emitió la Licencia General (LG) Nº 46, sobre el suelo normativo de los Reglamentos de Sanciones a Venezuela, que supone una revisión administrativa cuidadosamente calibrada, que ajusta el marco normativo vigente y redefine las condiciones bajo las cuales se permite la participación estadounidense en operaciones petroleras venezolanas.
