La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, denunció este martes una nueva arremetida contra funcionarios venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, instancia que negó visas necesarias al personal diplomático que asistiría al país del norte a participar en sesiones de organismos internacionales. “Nosotros no estamos solicitando visas para eventos de orden bilateral. El Estado sede, en este caso los Estados Unidos, donde está la sede de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas no puede negarse a otorgar las visas. Están obligados a facilitar todas las gestiones para que nosotros podamos asistir” a estos eventos, explicó la diplomática en un contacto telefónico a Venezolana de Televisión.
Texto: AVN
En este sentido, Rodríguez señaló que estas acciones violan los estatutos del derecho internacional público, la Convención de Viena, en cuanto a las relaciones diplomáticas, y la convención para relaciones consulares.
“Nosotros hemos solicitado visas para funcionarios que me acompañaran a un evento en la Organización de los Estados Americanos y nos ha sido negada a los funcionarios de mi equipo y a los funcionarios del gobierno venezolano. Queremos señalar que esto no es la primera vez que ocurre”.
Informó que este miércoles, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitirá una nota formal de protesta al gobierno de Estados Unidos, por violar los derechos internacionales.
La Canciller informó, además, que el presidente Nicolás Maduro designó como vicecanciller para América del Norte, al profesor Bernardo Álvarez, quien será el encargado de presentar esta nota de protesta. Refirió que la embajada de la nación norteamericana en el país funge “como una máquina de guerra contra el gobierno constitucional” del presidente Maduro.
Venezuela ha condenado, en varias ocasiones, los constantes ataques e injerencias de EEUU. La más reciente fue la actuación unilateral, ilegítima y extraterritorial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que decidió extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones contra el país.