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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó una nueva orden de aprehensión en contra de Julio Borges por su presunta responsabilidad en el intento de golpe de Estado perpetrado el 30 de abril de 2019. Desde la sede principal del órgano garante de la legalidad en Caracas, Saab recalcó que la orden de aprehensión se tramitó ante el Tribunal 2º de Control Contra el Terrorismo por la supuesta comisión de traición a la patria, conspiración y asociación.
Texto: Prensa Ministerio Público
Tal petición ante la justicia venezolana se sustenta en las declaraciones ofrecidas por Leopoldo López el pasado 13 de enero, en las que se señala al exdiputado de tener implicación directa y esencial en los planes para derrocar al gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
“Luego de una confesión pusilánime de hace unos días donde señala a otro actor tan macabro como él (…) por su participación en el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019”.
Recordó que se trató de un llamado a movilización que contó con participación de exfuncionarios policiales y militares pero no tuvo éxito ante la mayoría de la población. “Es tragicómico, porque allí habían armas para matar, pero no fue nadie a esa convocatoria. Ahí se vieron unos cambures escondiendo unas granadas”.
En tal sentido, el titular de la acción penal recordó que contra Borges ya existen otras dos órdenes de aprehensión: una por su participación directa en el robo del oro venezolano depositado en Inglaterra; y otra por la planificación y el financiamiento del intento de magnicidio contra el Jefe de Estado ocurrido en agosto de 2018.
“Es insólito y repugnante. Creo que en la historia del continente no hay otra nación que haya aguantado de forma consecutiva ataques armados con apoyo de potencias extranjeras contra la democracia”, observó el alto funcionario.
Recuento
El 30 de abril de 2019, un grupo de militares activos, funcionarios policiales adscritos a varios órganos de seguridad, así como dirigentes políticos de oposición y diputados de la entonces Asamblea Nacional en desacato, liberaron ilegalmente a Leopoldo López, quien cumplía condena en su residencia. Luego, se trasladaron hasta las inmediaciones del Distribuidor Altamira de Caracas, donde se instalaron con armamento e hicieron un llamado a dar un golpe de Estado (denominado “Operación Libertad”).
“Dichas acciones criminales fueron ejecutadas con participación directa del teniente coronel Illich Sánchez Farías; entonces comandante de la unidad ubicada en el Palacio Legislativo; quien fraguó el despliegue militar de hombres, material y equipos a ese lugar como parte de una supuesta actividad de Orden Público. Engañó a su tropa”, preció Saab.
Vale señalar que el caso ha estado a cargo de las fiscalías nacionales 22ª, 67ª y 83ª con 93 personas investigadas, de las cuales siete fueron condenadas por admisión de hechos, 19 se encuentran en juicio privadas de libertad; otras cinco en juicio con medida cautelar, dos personas indultadas y 38 prófugos.
Violencia y derrota
En el marco de las declaraciones ofrecidas este lunes, el Fiscal General recordó el ataque organizado en contra del proceso político que inició en 1999 con la elección del presidente Hugo Chávez. Por ello hizo mención especial al paro empresarial de 2001; el golpe de Estado del 11 de abril de 2002; el paro y sabotaje petrolero que culminó en 2003. También destacó las derrotas en el referéndum revocatorio de 2004, el intento por deslegitiminar las elecciones parlamentarios de 2005 y las reelecciones presidenciales de 2006 y 2012.
Tras el fallecimiento del presidente Chávez, el Fiscal General señaló la espiral de violencia que arrastró a buena parte de los partidos políticos de oposición en iniciativas como “La Salida” (2014) y las manifestaciones violentas de 2017. Lo antes mencionado precedió al intento de magnicidio el 4 de agosto de 2018, la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como “presidente interino” en 2019. Ese mismo año fue puesta en marcha la “Operación Libertad”, la “Operación Fuerza y Libertad” (descuberta en agosto); además de la “Operación Honor y Gloria” (noviembre). A ello se suma el asalto a un Batallón en la Gran Sabana en 22 de diciembre de 2019 en el marco de la “Operación Aurora”.
A ello deben sumarse las medidas coercitivas y unilaterales que han ocasionado en promedio 44.000 millones de dólares en daños patrimoniales a Venezuela desde 2015. Se deben añadir unos 30.000 millones de dólares en activos y recursos bloqueados fuera del país; y los 214.000 millones de dólares en pérdidas sufridas por la industria petrolera. “Esto nos habla del servilismo de este sector político, que no le importó el daño ocasionado sólo por tomar el poder en asalto para satisfacer bajos instintos”, comentó Saab.
Investigación
En el contexto de la investigación de todas las acciones irregulares cometidas bajo la supuesta figura del “gobierno interino”, el Ministerio Público ha solicitado 289 órdenes de aprehensión y conseguido la detención y acusación de 129 personas. A este balance se deben agregar 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas condenadas, se practicaron 137 allanamientos, se realizaron 149 incautaciones y se dictaron 261 medidas reales.
“Este Ministerio Público, garante de la paz, justicia y derechos humanos da un paso adelante para fortalecer toda la línea de acción que implique hacer justicia y cuidar la estabilidad democrática. Que sea el camino electoral, el debate político el sendero para lograr la prosperidad”, concluyó el Fiscal General.