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“Estamos frente a un golpe jurídico bajo un fraude procesal; frente a un caso de prevaricación para despojar a Venezuela de sus activos en el extranjero. Quieren hacer lo que no lograron con el golpe petrolero en el año 2002”, expresó este lunes la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una entrevista en el programa Sin Dudas conducido por Mary Pili Hernández y transmitido por el circuito Unión Radio. Denunció que amenazan a empresas que vendan a Venezuela piezas para solucionar los problemas del Sistema Eléctrico.
Texto: VTV
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que su país enfrenta un “golpe jurídico” planificado por el Gobierno de los Estados Unidos y ejecutado por empresas transnacionales, esto al referirse al embargo de la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos. En dicho caso está involucrado el abogado José Ignacio Hernández, quien fue ilegalmente nombrado como procurador de Venezuela por Juan Guaidó.
Manifestó que “estamos frente a un golpe jurídico bajo un fraude procesal; frente a un caso de prevaricación para despojar a Venezuela de sus activos en el extranjero. Quieren hacer lo que no lograron con el golpe petrolero en el año 2002”, expresó este lunes durante entrevista en el programa Sin Dudas conducido por Mary Pili Hernández y transmitido por el circuito Unión Radio.
Acotó que “no lo lograron con el golpe petrolero de 2002, pues ahora por la vía jurídica fraudulenta buscan apropiarse de los recursos petroleros venezolanos a través de un gran fraude procesal”
Reiteró que “Hernández ha sido conocido por ser un abogado de empresas trasnacionales. En el caso de Crystallex, él vendió la insólita teoría de ‘alter ego’ para ir contra los activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)».
El gobierno venezolano denunció la semana pasada que Hernández, antes de ser nombrado procurador por Guaidó, fue contratado como experto legal por las empresas Owens-Illinois y Crystallex en sus demandas para embargar a la petrolera Citgo, lo que denota un obvio conflicto de intereses de su parte.
La Vicepresidenta Ejecutiva denunció el pasado 31 de julio que Hernández ha propiciado el fraude material para despojar al país de la filial Citgo, con el argumento de que Pdvsa y la República son la misma entidad jurídica, origen del fraude procesal para la expropiación.
Venezuela se defenderá con argumentos ante la ONU
La Vicepresidenta Ejecutiva informó que las decisiones de las Cortes de Estados Unidos violentan las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Indicó que defenderán a Venezuela sobre este caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU basándose en el respeto al derecho internacional.
“Tenemos pruebas de como hay conchupancia entre la banda criminal encabezada por Guaido y EE.UU. para apropiarse de las riquezas de Venezuela. Tenemos los argumentos para defender los intereses de la República en la ONU”, apuntó.
EE.UU. amenaza con sancionar empresas que vendan repuestos para el SEN
Rodríguez también informó que el Gobierno de Estados Unidos amenazó con sancionar a los representantes de las empresas que vendan los repuestos que necesita el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela. “El Sistema Eléctrico Nacional venezolano no solo es víctima de ataques a su infraestructura, sino también es víctima de un bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos”.
Agradeció a los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec), quienes han participado en la instauración del protocolo de seguridad: “Estamos al frente de un ataque permanente al Sistema Eléctrico Nacional, además se suma el bloqueo”.
Rodríguez reiteró que han consolidado la protección al SEN. El ataque cibernético tenía el objetivo de destruir todo el sistema de generación hidroeléctrica del país.
La Vicepresidenta Ejecutiva también aseveró que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es ilegal y la nación no lo reconoce: “Estados Unidos está fuera de toda legalidad internacional y Venezuela había denunciado ese tratado anacrónico y belicista”.