Privan de libertad a dos funcionarios involucrados en muerte de Rafael Acosta Arévalo

Una nota de prensa del Poder Judicial anunció que el Tribunal 36° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida judicial privativa preventiva de libertad contra los ciudadanos Estiben José Zárate Zoto, de 22 años de edad y suboficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ostentando la jerarquía de sargento segundo, y Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23 años y quien ostenta la jerarquía de teniente en el mismo componente militar, por su presunta vinculación en la muerte del ciudadano Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y quien se encontraba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Texto: Prensa TSJ, VTV y RT

El referido Tribunal de Control acogió en la audiencia de presentación la precalificación solicitada por el representante del Ministerio Público por el delito de homicidio preterintencional concausal previsto y sancionado en el artículo 410 del Código Penal.

En la decisión del juzgado se acordó como sitio de reclusión para los dos GNB la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Horas antes, el Ministerio Público había anunciado la imputación de los dos funcionarios, presuntamente involucrados en la muerte de Acosta Arévalo, quien estaba detenido por su posible participación en un golpe de Estado e intento de magnicidio develado recientemente. El Ministerio Público inició la investigación solicitada por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, para esclarecer el hecho.

El viernes 29 de junio, el Gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Acosta Arévalo, quien fue detenido el pasado 21 de junio por supuesta implicación en el intento de golpe de Estado contra Maduro. El Ministerio Público lamentó el fallecimiento del militar y anunció celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas del deceso.

Acosta estaba imputado por «graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración», junto a un grupo de civiles y militares retirados, que presuntamente participaron en la planificación de un fallido golpe de Estado previsto para el 23 y 24 de junio.

Según el Ejecutivo venezolano, durante 14 meses, los miembros de los cuerpos de Inteligencia venezolanos se infiltraron en las reuniones y videoconferencias, utilizadas para la planificación de esta serie de acciones violentas. El Gobierno tiene en su poder 56 horas de videos donde se detallan los planes desestabilizadores, que incluían además el asalto a las bóvedas de sede del Banco Central de Venezuela (BCV) y el robo en parques de armas militares.

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