Maduro decreta el estado de excepción en la frontera con Colombia: Se cierra “hasta nuevo aviso” (+Video)

El Presidente Nicolás Maduro decretó este viernes el estado de excepción constitucional en la frontera del país con Colombia por un período de 60 días, prorrogable por 60 días más. “El objetivo es restablecer el orden, la paz y la justicia”, indicó. La medida decretada afecta a los municipios de Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia, en el estado de Táchira. Según el mandatario, la medida urge para “combatir todas las formas de paramilitarismo en el país”. Indicó que la frontera queda cerrada “hasta nuevo aviso, hasta que regularicemos la vida económica, social y capturemos a los asesinos”.

El estado de excepción, indicó Maduro, forma parte de las medidas tomadas el Gobierno Nacional para restablecer el orden, la paz y tranquilidad en la frontera colombo-venezolana, territorio que ha sido víctima de prácticas paramilitares que atentan contra la vida de los ciudadanos de ambas naciones.

“Este estado de excepción, lo decreto obligado por las circunstancias, de este ataque masivo contra la República Bolivariana de Venezuela, del crimen transnacional, del narcotráfico, de los paramilitares, de las bandas criminales”, señaló el Presidente.  “Hirieron a dos jóvenes nuestros; fue el desencadenante. ¡Y ahora vamos con todo, y vamos a fondo! Y a estos criminales los vamos a capturar, los vamos a sacar de sus guariras. Y tenemos que restablecer la paz de esa región. Restableciendo la paz y la tranquilidad de esa región, restableceremos en buena medida la paz en Táchira”.

A través de la firma de un decreto presidencial, el Mandatario Nacional activó dicha medida que faculta a las autoridades civiles, militares y policiales su acción en el restablecimiento, en el marco de la Constitución de la República, del orden, la paz y sana convivencia en esta región. “Vamos a un proceso profundo de reorganización, de la vida económica, comercial, financiera, cultural, comunicacional, poblacional, de la vida pública, de la seguridad nacional. Un restablecimiento y una reorganización completa y a fondo que solo se podrá hacer con el protagonismo del pueblo”, manifestó Maduro durante la reunión, en la que estuvieron presentes la Primera Combatiente, Cilia Flores; el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, entre otros integrantes del gabinete ejecutivo.

“Por primera vez se decreta el estado de excepción desde la Constitución aprobada por el pueblo en 1999, para su aplicación regional. Este decreto es muy claro, explícito y se va aplicar de acuerdo a la norma constitucional y a la norma legal de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”, agregó.

En color violeta, los municipios del estado Táchira afectados por la medida de estado de excepción

Se ha dirigido también a los ciudadanos, a los que llama a unirse para hacer frente a las conspiraciones de la derecha, en una explícita alegación a sus denuncias anteriores, en las que comunicaba que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Veléz y la derecha venezolana están promoviendo planes paramilitares en el país.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela detalla en los artículos 337 al 339 lo que implican los estados de excepción:

Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de sesenta días prorrogables por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes a su promulgación, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

La declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

Según el articulo 2 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, éstos “son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones”, por lo que su establecimiento o aplicación debe darse ante situaciones objetivas de gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado venezolano para enfrentarlas.