El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intervino este 28 de febrero en la 49° Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde donde denunció que se pretende utilizar el Sistema Internacional de Derechos Humanos “para sustituir gobiernos no alineados a los intereses hegemónicos de occidente e imponer contra los países del sur, fórmulas de colonialismo judicial en las cuales los sistemas nacionales pretenden ser sustituidos por mecanismos intervencionistas, colonialistas, foráneos, en contraversión a los principios de soberanía, autodeterminación y complementaridad”.
Texto: Alba Ciudad (LBR)
En su discurso, denunció también que el Banco de Inglaterra, con el apoyo del gobierno de Reino Unido, mantiene retenidos 31 toneladas de oro de las reservas históricas de Venezuela. El Novo Banco de Portugal tiene secuestrados, en la modalidad de congelamiento, más de mil millones de dólares de Venezuela. El Citibank transfirió 342 millones de dólares del Banco Central de Venezuela pertenecientes al país, a una cuenta del Tesoro estadounidense de manera ilegal.
Denunció Maduro que, con ese dinero, se pagan las operaciones de una organización criminal internacional que, basada en una ficción de reconocimiento de un gobierno inexistente, ejecuta planes contra el país. Estas tres instituciones financieras -añade- “nos niegan el derecho a usar recursos para comprar vacunas, medicamentos, alimentos o insumos en la lucha contra el Covid-19, y para garantizar derechos a la salud y la vida del pueblo venezolano”.
También denuncia que el Fondo Monetario Internacional, por presiones del gobierno estadounidense, se niega a entregar a Venezuela 5 mil millones de dólares en derechos especiales de giro “que nos corresponden por derecho para luchar contra la pandemia y por los derechos del pueblo”.
Indica que las mal llamadas sanciones “han privado a nuestro país del 99% de sus ingresos en divisas por exportaciones” y al menos 30 mil millones de dólares líquidos “que forman parte de los activos de Venezuela en el exterior”.
Secuestro de Alex Saab
También denuncia el secuestro ilegal del embajador Alex Saab en Cabo Verde en junio de 2020, “cuando se encontraba en una misión oficial para traer alimentos y medicinas a Venezuela”. Denuncia también que el 16 de octubre de 2021 “fue secuestrado por un grupo de militares de Estados Unidos y llevado de manera ilegal desde Cabo Verde a Florida”, a pesar de “la sentencia clara y tajante del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental, que ordenaba su liberación inmediata”. Reitera que su inmunidad diplomática, sus derechos humanos y su integridad física fueron violados cruel y sistemáticamente, y el proceso en tribunales estadounidenses está plagado de vicios y distorsiones.
Señala que Saab fue nombrado a finales de 2021 como representante oficial y permanente de la mesa de diálogo en México entre el gobierno venezolano que él preside y sectores de la oposición, por lo que su segundo secuestro y extracción ilegal a EEUU fue “un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad” del proceso de diálogo.
Protección social y derechos humanos
Explica que el 77% del presupuesto del país se dirige a la protección y seguridad social. Asegura que, entre 2016 y 2021, se entregaron 2.800.000 viviendas construidas por el gobierno venezolano y se llegó a 3.900.000 construidas desde 2011, beneficiando a más de 10 millones de personas. Los Clap han llevado alimentos a más de 7 millones de familias. El 84% de las instituciones que imparten educación son del Estado venezolano y son gratuitas, 93% de ellas cuentan con programas especiales de alimentación gratuita a los estudiantes, y se creó la plataforma tecnológica Patria, que hoy agrupa a 21 millones de personas que reciben atención social del Estado. Se han celebrado 29 procesos electorales desde el inicio de la revolución bolivariana en 1999.
Recuerda los hechos del 27 de febrero de 1989, que dejaron miles de muertos en todo el país como consecuencia de las protestas y saqueos tras un paquete de medidas impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y señala que no hubo apoyo de la Comunidad Internacional. De aquella tragedia “nació una fuerza histórica para las transformaciones que ha habido en Venezuela”, que ha traído, entre otros beneficios, una revolución política y social, una Constitución garantista y un sistema de protección de derechos humanos.
Recordó además que Venezuela ha participado por tercera vez en el examen periódico universal de este Consejo de Derechos Humanos, “con un espíritu constructivo y cooperativo”, mostrando sus logros, avances y retos pendientes. Desde 2019 se ha estado trabajando con la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, “para continuar fortaleciendo el modelo de derechos humanos en nuestro país”. Funcionarios de la Alta Comisionada están cumpliendo su mandato en Venezuela “con total libertad”; la oficina brinda apoyo técnico a más de 10 instituciones del Estado venezolano en múltiples áreas de trabajo. También se ha extendido invitación al Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo, y se mantienen en cooperación con el Consejo de Derechos Humanos.