El representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra (Suiza), Héctor Constant, reiteró este viernes que el Gobierno Bolivariano desconoce la legitimidad de la supuesta Misión de Determinación de Hechos sobre el país, por lo que rechazó un nuevo informe presentado ante la 48ª° sesión del Consejo de Derechos Humanos.
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“El informe presentado adolece de una cantidad tal de falsedades e improperios que resulta imposible otorgarle el más mínimo viso de seriedad”, enfatizó el embajador, argumentando que carece de rigor metodológico y científico en su elaboración, al realizarse “por una suerte de misión fantasma constituida contra Venezuela y monitoreada por los gobiernos subordinados a Washington”.
Criticó el millonario financiamiento de estos informes, estimado en varios millones de dólares, a pesar de la grave escasez de recursos que padecen las Naciones Unidas, por lo que apeló a la coherencia ética de los miembros de esa misión y los exhortó a donar esos recursos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.
“Estamos frente a un informe en extremo politizado, parcializado y selectivo (…) Aunque se afirma que entrevistaron a cientos de personas, se recurre a fuentes anónimas e inventadas que nadie jamás podrá verificar. Acusaciones de los enemigos de Venezuela que son exhibidas como verdades absolutas, cubiertas bajo el manto de supuestas informaciones creíbles”, insistió el embajador Constant.
Asimismo, recalcó que hasta la fecha, Estados Unidos y sus socios europeos han impuesto más de 400 Medidas Coercitivas Unilaterales a Venezuela, “sin que la supuesta misión de verificación de hechos tome siquiera nota, desconociendo voluntariamente el notable impacto que suponen para el goce efectivo de los derechos humanos del pueblo venezolano”.
Alertó que el informe denunciado pretende abrogar el sistema de justicia venezolano, desconociendo los notables avances legislativos en la materia, con la discusión y aprobación de 8 proyectos de ley, que constituyen “un gran esfuerzo para brindar una justicia más expedita que reduzca la impunidad y fortalezca la tutela judicial efectiva y las garantías constitucionales de la libertad personal”.
El embajador venezolano indicó que la reprochable práctica de promover informes injerencistas viola de manera flagrante el mandato dado al Consejo de promover y proteger los derechos humanos, sobre la base del diálogo genuino y la cooperación.
Finalmente, instó al Consejo de Derechos Humanos a reconocer y felicitar la fluida cooperación existente entre la Oficina de la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano, a resultas de la carta de entendimiento renovada recientemente, en tanto reiteró la voluntad de la gestión del presidente Nicolás Maduro de seguir cooperando con ambas instancias de la ONU bajo los principios universales del respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.