Venezuela reafirma su compromiso con la prevención y el combate de la trata de personas

El representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joaquín Pérez Ayestarán denunció que las mafias de la trata de seres humanos han utilizado sus redes y se han unido a la campaña de desestabilización contra la estabilidad y el derecho a la paz del pueblo venezolano.

Texto: Cancillería

“Estas campañas promoviendo espacios para la discriminación y la xenofobia, la explotación sexual y la esclavitud, todo ello en medio de la ilegal imposición de criminales medidas coercitivas unilaterales, las cuales han generado dolor y sufrimiento, así como graves afectaciones en la economía nacional y un desbalance inducido en las dinámicas de movilidad humana en la región” explicó.

Esto a propósito de llevarse a cabo, bajo la modalidad de teleconferencia, la reunión convocada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODD) a fin de presentar el Informe Global 2020 sobre Trata de Personas, la cual permitió reafirmar el compromiso del Gobierno Bolivariano para prevenir y combatir en todas sus formas y manifestaciones tan deleznable delito como el tráfico de personas, el cual atenta contra la dignidad humana, así como de llevar a sus responsables ante la justicia.

El diplomático venezolano destacó que la lucha contra la trata de personas es una prioridad del Gobierno Bolivariano y que se han alcanzado importantes progresos en el ámbito legislativo y policial, incluyendo la implementación del Plan Nacional contra la Trata 2020-2025.

“Con el apoyo de todas las instancias nacionales competentes, particularmente el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, las políticas públicas nacionales en la materia tienen una fuerte orientación hacia la protección de las víctimas, particularmente los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres y niñas, niños y adolescentes”, dijo.

Asimismo, expresó que la importancia de los progresos en materia jurídica y en políticas públicas deben orientarse hacia la no criminalización de las víctimas, sino hacia un enfoque de derechos humanos, de protección y atención, que promueva el acceso a los mecanismos formales de justicia y atención a la regulación del estatus migratorio, y sobre la base de la cooperación con todos los Estados involucrados, en el marco de una política contra las mafias, refiere una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

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