Un total de 103 farmacias, 21 laboratorios y 16 industrias agroalimentarias han sido inspeccionados a nivel nacional desde el 14 de marzo hasta la presente fecha, como parte de un Plan de abordaje que ejecutan entes adscritos al Ministerio de Comercio Nacional, en unión cívico militar con funcionarios de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI). A través de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Comercio Nacional, se destaca que esta iniciativa forma parte de las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional para garantizar la adquisición de los medicamentos y productos de higiene utilizados como métodos de prevención ante la pandemia causada por el Covid-19, además de mantener el funcionamiento de la economía.
Texto: AVN
Este despliegue se realiza en diferentes estados del país con el despliegue de fiscales adscritos a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), en trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer).
El propósito de este abordaje nacional consiste en conocer los inventarios y revisar los costos de los medicamentos y productos de higiene, para proteger al pueblo de las posibles distorsiones económicas tales como la especulación o el acaparamiento.
Por otra parte, durante la visita a las 16 industrias agroalimentarias se procedió a revisar sus inventarios y verificar el cumplimiento de las normativas del Sistema Integral de Gestión Agroalimentaria (SICA), garantizando de manera efectiva el funcionamiento de la economía nacional, así como el abastecimiento de alimentos para el pueblo, tras la cuarentena social colectiva decretada para la contención del virus COVID-19.
El Ministerio de Comercio Nacional informó que las inspecciones se mantendrán en todo el país.
Durante una reunión con empresarios, representantes del sector farmacéutico y de alimentación, la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, reiteró que ante cualquier violación a los derechos socioeconómicos, el pueblo venezolano puede denunciarlo, a través del 0800 LOJUSTO (0800 5658786).