En un comunicado emitido este viernes en la madrugada, el gobierno venezolano a través de su cancillería “repudia la arremetida de la derecha internacional contra el Estado de Derecho y el orden constitucional de la patria”, y señala que “gobiernos que practican la violación sistemática de derechos humanos, que reprimen violentamente a la disidencia política, que ejecutan golpes de Estado contra las mayorías electoras, que torturan y asesinan dirigentes populares y periodistas, que promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza, de forma sorprendente, aspiran condenar a Venezuela, acompañados de poderosas transnacionales de comunicación“.
Texto: AVN y Alba Ciudad
El texto señala que “la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta arremetida internacional protagonizada por una coalición de gobiernos de derecha y de oligarquías para dar soporte y respaldo a la oposición venezolana intervencionista y apátrida, al tiempo que anuncia que ejercerá las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden jurídico interno para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en Venezuela”.
Este es el comunicado:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES EXTERIORESCOMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela repudia la arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional.
Estos gobiernos, que han conformado una coalición intervencionista, no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos frente al plan injerencista contra Venezuela, que intentó imponer el Sr. Luis Almagro en franca violación a la legalidad internacional y nacional. Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos.
Es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuyan en los asuntos de jurisdicción exclusiva de Estados soberanos. Es además inmoral la operación de desestabilización sin precedentes que han desatado contra Venezuela, su revolución y su pueblo.
Gobiernos que practican la violación sistemática de derechos humanos, que reprimen violentamente a la disidencia política, que ejecutan golpes de Estado contra las mayorías electoras, que torturan y asesinan dirigentes populares y periodistas, que promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza, de forma sorprendente, aspiran condenar a Venezuela, acompañados de poderosas transnacionales de comunicación.
Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela. Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta arremetida internacional protagonizada por una coalición de gobiernos de derecha y de oligarquías para dar soporte y respaldo a la oposición venezolana intervencionista y apátrida, al tiempo que anuncia que ejercerá las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden jurídico interno para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en Venezuela.
“Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”. Carta del Libertador al agente estadounidense, Sr. Irvine, octubre 1818
Caracas, 30 de marzo de 2017
Entre los países que se han pronunciado denunciando un supuesto golpe de Estado se encuentran Argentina, en la cual su presidente, el empresario y político de derecha Mauricio Macri, llamó a “recomponer el orden democrático” e insistió en “la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral” y se liberen a los supuestos “presos políticos”. Casualmente Macri recibió este 30 de marzo a Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López, quien cumple condena por su papel liderando las protestas violentas conocidas como “guarimbas” o “La Salida”, que dejaron 43 personas fallecidas en 2014.
El gobierno del derechista Michel Temer, de Brasil, que llegó al poder tras un golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rouseff, también se pronunció públicamente con un comunicado, rechazando la sentencia e indicando que mantendrá su política de examinar la “preocupante situación” conjuntamente con todos los países de la región “interesados”.
México también se pronunció con un comunicado en el que su canciller, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa “de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano” e indicó que la decisión del TSJ supuestamente “atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”.
Otros gobiernos que se han pronunciado son los de Estados Unidos, Chile (que llamó a consultas a si embajador en Caracas), Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un comunicado este jueves denunciando un supuesto autogolpe de Estado en el país y convocó de forma “urgente” a un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática. Por su parte, la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió en un comunicado que la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela supuestamente “restringe la inmunidad parlamentaria de sus miembros, que fueron democráticamente elegidos por el pueblo”.