Foto: Unión Radio
El presidente del bloque parlamentario de la oposición, Julio Borges, defendió a través de la emisora privada Unión Radio su propuesta de ley de títulos para la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Reconoció el pasado viernes que el propósito de la misma es que la familia venezolana “tenga el titulo pleno y completo de la propiedad de su vivienda, algo que va lograr capitalizar a la familia, darle potencia, que la familia pueda vender esa casa y progresar”. El ministro de Vivienda, Manuel Quevedo, y el diputado Ricardo Molina, han advertido que ésta sería la trampa detrás de la ley.
Texto: Alba Ciudad
En la actualidad, si una familia adjudicada por la GMVV desea vender su casa, puede hacerlo dándole la primera opción del compra al Estado a través de la Inmobiliaria Nacional, quienes se la comprarían para poder adjudicársela a precios justos a otra familia que la necesite.
Sin embargo, el cambio propuesto por Borges en el proyecto de Ley de Títulos Inmobiliarios permitiría que los apartamentos y casas de la GMVV entren al mercado inmobiliario especulativo, que en la actualidad vende los apartamentos a decenas de millones de bolívares. De esta manera, los apartamentos construidos por el Estado para familias de bajos recursos, entrarían en el mercado de compra y venta a precios imposibles de pagar para una familia normal.
Funcionarios gubernamentales han advertido que se utilizaría publicidad engañosa (“capitalice a la familia para poder vender y progresar”, “obtenga el dinero que necesita con el valor de su hogar”), buscando que las personas hipotequen sus viviendas, para luego perderlas al no poder pagar cuotas abusivas.
Formas de propiedad de la GMVV
En una entrevista al diputado de la Asamblea Nacional y ex ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, publicada este domingo en el diario Últimas Noticias, éste explicó que la GMVV brinda dos modalidades de entrega de viviendas:
- Una de interés social para las personas damnificadas o en situación de riesgo o de calle, que se entrega bajo un convenio de pago según lo que pueda cancelar el beneficiario. Las cuotas se pactan a largo plazo a través de un título de adjudicación, y no es sino hasta que esa familia paga el total de la deuda cuando se le entrega su título de propiedad.
- Otra para la clase media (se asigna a través del 0-800-MIHOGAR con un crédito del banco). En este caso se otorga el título de propietario una vez que se hace la entrega (como son financiadas a través de la banca por un crédito hipotecario ese título de propiedad puede quedar en manos del ente financiero si el crédito no es cancelado a tiempo). Sin embargo, mientras se paga la deuda la persona sigue siendo la propietaria (al igual que pasa con cualquier compra-venta de viviendas en el país).
Explicó Molina que “con ese documento de adjudicación las personas pueden ir hasta un registro y formalizar. De igual manera, durante los primeros cinco años de la adjudicación se puede vender, reparar o traspasar el bien, siempre y cuando sea notificado a la Inmobiliaria Nacional, porque son ellos quienes tienen la primera opción de compra para poder vendérsela a otra familia”.
Después de los cinco años, y si ya está cancelada la vivienda, el propietario no debe notificarle al Estado cualquier trámite que se realice. “Puede vender, siempre y cuando lo haga en los montos establecidos y sin especular con el precio. El monto debe ser correlativo a la suma en el que el Estado le vendió la casa”, explicó el ex ministro.
Agregó que también hay otras formas de propiedad de la Misión, no solo la de adjudicatario. “Hay gente que tiene el terreno y le piden el apoyo al Estado para construir su hogar. También hay quienes solo piden asesoría técnica porque ya tienen el terreno y una parte de la construcción adelantada. Estas personas no necesitan ningún documento de propiedad o adjudicación porque están solicitando solo ayuda. El Estado se las otorga y no exige ningún pago”.
A pesar de ésto, Borges continuará adelante con su proyecto de Ley. “La gente es la dueña del petroleo con lo que se construyeron esas casas. No se dieron con dinero de Maduro ni del Gobierno sino del pueblo”, señaló en Unión Radio el viernes.
“Las viviendas construidas por el Estado venezolano se construyen con los recursos del pueblo. Por ello no deben convertirse en mercancía, que es la orientación del diputado Borges, ni deben entrar en el mercado inmobiliario especulativo”, señaló el diputado Ricardo Molina en el debate del pasado miércoles 27 en la Asamblea Nacional.