Escribe Reinaldo Iturriza en su blog “El Otro Saber y Poder” un decálogo con criterios para evaluar si se está gobernando de forma revolucionaria o no. “Lo hago porque me parece necesario. Porque no es momento de distribuir culpas, pero mucho menos de concluir que todos somos culpables. Porque los análisis deben partir de nuestras prácticas, y en ningún caso pueden convertirse en un desfile de generalidades”.
Texto: Reinaldo Iturriza, blog El Otro Saber y Poder
Receloso como soy de los “instrumentos” para medir quién es más revolucionario que quién, y enemigo de los concursos de egos, me atrevo, sin embargo, a plantear que sí hay criterios para determinar cuándo se está gobernando de manera revolucionaria. Lo haré en términos muy generales, recurriendo, una vez más, a la gastada fórmula del decálogo. Lo hago porque me parece necesario. Porque no es momento de distribuir culpas, pero mucho menos de concluir que todos somos culpables. Porque los análisis deben partir de nuestras prácticas, y en ningún caso pueden convertirse en un desfile de generalidades.
- Un funcionario que se limita a administrar la institución, sea cual fuere, no es un funcionario revolucionario.
- No hace falta la presencia de revolucionarios para que las instituciones funcionen. De hecho, éstas pueden funcionar perfectamente bien sin aquellos. El asunto es: ¿funcionar para qué, para quiénes? En el caso de los revolucionarios, lo que corresponde, siguiendo a Alfredo Maneiro, es actuar con “calidad revolucionaria”, es decir, hacer uso de nuestra capacidad “para participar en un esfuerzo dirigido a la transformación de la sociedad, a la creación de un nuevo sistema de relaciones humanas”.
- Si además el funcionario se limita a administrar clientelarmente los “beneficios” del gobierno bolivariano, estamos frente a una gestión doblemente regresiva.
- Mal puede exigírsele al pueblo chavista silencio y complicidad frente a estas prácticas. El malestar que ellas producen debe ser convertido en fuerza para la organización, la movilización y el control popular de la gestión. Si esto no sucede, el malestar puede degenerar en resignación, forzando a una parte del pueblo a incorporarse a las redes clientelares para así poder acceder a “beneficios”. Allí donde hay clientela deja de haber ciudadanos. Allí donde el chavismo alguna vez produjo politización, empieza a campear la despolitización. En otros casos no hay siquiera resignación: hay retirada de la esfera pública.
- Repolitización significa gestión transformadora, movida por el principio universal de justicia. Ella supone una ética: a los revolucionarios les corresponde situarse “desde el lugar de los que sufren”, para decirlo con Dussel.
- El comandante Chávez nos orientó sobre la necesidad de repolitizar la gestión en un momento en que se imponía el fenómeno de la gestionalización de la política revolucionaria. Esto ocurre cuando, frente a la crítica de la institucionalidad, los revolucionarios optan por ignorar la crítica popular y se refugian en la defensa de la institucionalidad. Común a todos los procesos revolucionarios, este fenómeno comenzó a perfilarse en Venezuela, por diversas razones, luego de la victoria en las elecciones presidenciales de 2006.
- La gestionalización de la política revolucionaria no es una fatalidad. No existe algo como la irreversibilidad del proceso de burocratización de la revolución bolivariana. La acción oportuna de las fuerzas revolucionarias puede hacer revertir este proceso. Hay que desconfiar de todo aquel que “decrete” el fin de los procesos revolucionarios.
- Un funcionario que se alía con los “poderes fácticos” para provecho personal o de grupo, de espalda a los intereses populares, no es revolucionario. Un funcionario que se limita a favorecer a grupos, por más que estos se autodenominen “revolucionarios”, no es revolucionario.
- Si usted evalúa una gestión de acuerdo al grado de beneficio obtenido en lo personal, ignorando deliberadamente el cuadro general, usted no está actuando como ciudadano, sino como cliente.
- No hay repolitización sin pueblo protagonista. Pero existe la tutela disfrazada de repolitización. La tutela es profundamente conservadora, antipopular. Quien la practica, se cree el único que sabe cómo hacer una revolución. Para quien se arroga el derecho de tutelar, la carga de la prueba siempre recae en el pueblo, que está obligado a probar, hasta el infinito, su condición de sujeto político, de ciudadano. Si las bases del chavismo resienten la actuación del funcionariado o el político corrupto, clientelar, el que tutela les exige disciplina, “conciencia”. Si las bases del chavismo se resignan o dejan de votar, no lo hacen de pleno derecho, sino porque les falta “conciencia”. ¿Quién les proveerá conciencia para que aquello no vuelva a ocurrir? El que tutela. ¿Qué ocurrirá con las causas del malestar? Probablemente permanecerán intactas, agudizándose el malestar popular. Al menos hasta que no se produzca, o se fortalezca, la alianza entre el funcionariado revolucionario y las bases populares.
Estos sencillos criterios tendrían que servirnos para identificar a los funcionarios, casi todos anónimos, que luchan por transformar la institucionalidad para ponerla al servicio de los intereses populares. Casi siempre lo hacen en silencio, trabajando incansablemente, sin esperar nada a cambio. Ellos se distinguen claramente de los liderazgos negativos: aquellos que en nombre del “poder popular” y de la crítica a la “burocracia” y, en ocasiones, simplemente en nombre de la “crítica”, pretenden imponer intereses personales o de grupos. Que el escándalo del que son capaces no nos distraiga.
