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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este sábado la degradación y expulsión de las filas castrenses de un oficial superior y otros efectivos de tropas profesionales del Ejército, que han sido señalados como responsables del asesinato 12 hombres durante una operación antidelictiva en la región de Barlovento, estado Miranda. La información fue divulgada a través de un comunicado de la FANB firmado por el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en el que además se expresa las más profunda consternación por los hechos.
Texto: Correo del Orinoco y La Tabla
A través de un comunicado, el ministro del poder popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó “su más profunda consternación por los eventos ocurridos en un sector montañoso de Barlovento”, donde efectivos militares “incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.
“Este tipo de hecho aislado contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la Patria”, reza parte del texto del comunicado.
Agregó el Ministro que el presidente Nicolás Maduro “ordenó la degradación y expulsión de los culpables por haber violentado con su conducta los valores y principios que nos representan, preceptos sociales y decoro de la profesión. De igual forma, ha instruido profundizar en la investigación y que se brinde todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas con la consecuente reparación e indemnización del Estado”.
Red de Apoyo denunció asesinatos
Con boletas de liberación donde estamparon firmas falsas, efectivos del Ejército venezolano intentaron desviar la investigación sobre la desaparición de 12 hombres aprehendidos en una zona rural al este Caracas a mediados de octubre y que finalmente fueron localizados este fin de semana en fosas comunes, según informó el blog La Tabla.
El dato lo reveló Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una organización de defensa de derechos humanos que acompañó la denuncia que formularon los familiares de los detenidos en varias comunidades del municipio Acevedo del estado Miranda.
Explicó que, de acuerdo con las pesquisas coordinadas por el Ministerio Público, el propio comandante del 323 batallón de “Caribes” (fuerzas especiales) del Ejército, José Angel Rojas, aseguró que los 12 desaparecidos habían sido puestos en libertad y mostró una serie de documentos en los que supuestamente aparecían las firmas de los hombres.
Sin embargo la investigación determinó que habían sido forjadas y que testimonios de familiares indicaban que varios de los detenidos eran analfabetas y no poseían señas autográficas.
La operación ejecutada por los militares tenía como propósito enfrentar una grave situación de inseguridad que se registra en la región desde hace varios años donde ocurren secuestros y homicidios con la actuación de bandas paramilitarizadas. En tal sentido el jefe militar alego que probablemente los hombres habían sido capturados y asesinados por las bandas a las que presuntamente pertenecerían.
No se conocían entre ellos
Roldán, en entrevista con LaTabla.com, explicó adicionalmente que los hombres asesinados son jóvenes de familias pobres de distintas poblaciones y que no se conocían entre ellos. Esta aseveración descarta que estuvieran organizados en una estructura delictiva.
Cabe precisar que la región donde ocurrieron los hechos es conocida como Barlovento donde históricamente se asentaron haciendas de producción de cacao cuya explotación se hizo con esclavos africanos, por lo que su base poblacional y su cultura es afro o negra.
El área, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas, ha perdido su perfil agroproductor y le dió paso a actividades turística por su cercanía con la zona costera aunque estas tampoco han logrado generar fuentes de empleo estables.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en un comunicado distribuido este sábado, precisó que “la organización que tiene más de 30 años denunciando delitos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad ha acompañado a los familiares que denunciaron la desaparición de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, el pasado 15 de octubre en el municipio Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda”.
No les decían dónde estaban
Relata que la madre de uno de los fallecidos, Mary Isabel Silva, denunció que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad, se lo llevaron detenido en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el sector La Peica en el municipio Acevedo (Caucagua), señalando que fueron trasladados al comando militar ubicado en El Café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos, se les informaba reiteradamente que no estaban allí.
El 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar, continúa.
Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares, “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la Red de Apoyo, puntualiza.
Este es el resto del texto del comunicado de la Red de Apoyo:
La Red de Apoyo se solidariza con las madres y los familiares de las víctimas y exhorta nuevamente a las autoridades políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente las denuncias de abusos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos que ocurren en estos operativos de seguridad donde se corre el riesgo de que funcionarios de seguridad ejerzan acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades. Los funcionarios militares no deben ejercer acciones de seguridad ciudadana para las cuales no están preparados, ni entrenados. No es posible garantizar la seguridad violando los derechos humanos, ni con operativos esporádicos e indiscriminados que en vez de traer seguridad, generan más violencia, angustia y zozobra. La seguridad es también un derecho humano que el Estado debe garantizar sin menoscabar los demás derechos.
La Red de apoyo continuará acompañando a los familiares y estará atenta para que todas las investigaciones y demás acciones judiciales y extrajudiciales se realicen con la mayor transparencia y celeridad para la búsqueda de justicia, especialmente que:
- Se lleve a juicio a los responsables de tales hechos, para obtener sanciones penales efectivas.
- Se garantice que los funcionarios responsables sean sancionados administrativamente por el Ministerio de la Defensa.
- El Estado brinde la atención psicológica y psicosocial a los familiares afectados, tal como se contempla en el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
- Se otorgue la indemnización y reparación por los daños psicológicos y morales causados a los familiares de las víctimas, después de tan doloroso y traumático hecho.
- La máxima autoridad castrense, pida públicamente perdón a las víctimas por las actuaciones represivas y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios adscritos al componente del Ejército Venezolano.
- El Estado coordine con las comunidades de los diversos sectores del eje Barlovento del estado miranda, acciones concretas, efectivas y sostenibles en el tiempo para garantizar la tranquilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos, debido al auge de las acciones delictivas en la zona.
- Se refuerce, con carácter de urgencia, la formación y entrenamiento en derechos humanos de todos los funcionarios castrenses, policiales y de seguridad ciudadana.
- Se brinde seguridad y garantía de no repetición de estos abusos y violaciones de derechos humanos.
Este es el comunicado emitido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.
COMUNICADO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EXPRESA AL PUEBLO VENEZOLANO SU MÁS PROFUNDA CONSTERNACIÓN POR LOS EVENTOS OCURRIDOS EN UN SECTOR MONTAÑOSO DE BARLOVENTO, ESTADO MIRANDA, DONDE EFECTIVOS MILITARES QUE EJECUTABAN OPERACIONES DE RECONOCIMIENTO Y PATRULLAJE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CONTRA LA CRIMINALIDAD, INCURRIERON EN EL ASESINATO DE VARIOS CIUDADANOS. EN TAL SENTIDO, EL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, EN EL PRECISO INSTANTE DE RECIBIR, A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LAS PRIMERAS INFORMACIONES DE DENUNCIAS POR PARTE DE LOS FAMILIARES AFECTADOS, ORDENÓ LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR, Y SOBRE LA BASE DE LAS EXPERTICIAS RECABADAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES, SE DETERMINÓ LA RESPONSABILIDAD DE UN OFICIAL SUPERIOR Y ALGUNOS TROPAS PROFESIONALES QUIENES ADMITIERON SU CULPABILIDAD.
ESTE TIPO DE HECHO AISLADO CONTRAVIENE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL Y MILITAR, Y NO REPRESENTA EN MODO ALGUNO EL PROFESIONALISMO Y LA VOCACIÓN HUMANISTA QUE CARACTERIZA A LAS SOLDADAS Y SOLDADOS DE LA PATRIA, FORJADA A LA LUZ DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, TODA VEZ QUE EN SU ACCIONAR DIARIO SE EXIGE EL MÁS ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, GARANTÍA UNIVERSAL CONSAGRADA EN NUESTRA CARTA MAGNA.
EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES COMO MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA DE LA INSTITUCIÓN CASTRENSE, ORDENÓ LA DEGRADACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS CULPABLES POR HABER VIOLENTADO CON SU CONDUCTA LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE NOS REPRESENTAN, PRECEPTOS SOCIALES Y DECORO DE LA PROFESIÓN. DE IGUAL FORMA, HA INSTRUIDO PROFUNDIZAR EN LA INVESTIGACIÓN Y QUE SE BRINDE TODO EL APOYO NECESARIO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS CON LA CONSECUENTE REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN DEL ESTADO.
REITERAMOS EL CATEGÓRICO RECHAZO E INSONDABLE PESAR DE LA INSTITUCIÓN POR TAN PENOSA SITUACIÓN Y REAFIRMAMOS EL COMPROMISO IRREDUCTIBLE DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE UNIFORME PARA SEGUIR LABORANDO INCANSABLEMENTE EN PRO DE LA PAZ, LA ARMONÍA, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PROGRESO DE LA NACIÓN.
“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS”
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE