Con urgencia reglamentaria, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, el Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales, en la sesión extraordinaria de este martes.
Texto y fotos: Prensa AN
Previo a la sanción se realizó la segunda discusión del contenido de la ley, de 15 artículos, que quedó aprobada por unanimidad de la Cámara Plena y que contempla la aplicación de la norma a personas jurídicas, naturales y extranjeras que cometan los delitos definidos en el documento.
Esta ley establece en el Artículo 13 que “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras será sancionada con prisión de 15 a 20 años y, como pena accesoria, la imposición de multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.
Asedio contra Venezuela
La elaboración de este texto legal se da como consecuencia del despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe, cuyas acciones han generado más de 26 operaciones de ataques destruyendo 30 botes y provocado un saldo de 105 víctimas mortales, en ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, por otros eventos ocurridos como el del pasado 10 de diciembre, donde las fuerzas norteamericanas incautaron frente a las costas de Venezuela el buque Skipper y posteriormente el Centuries, donde les fue confiscado el petróleo que transportaban.
Como se recordará, el 17 de diciembre del presente año, Donald Trump, anunció un bloqueo contra Venezuela, impidiendo que buques petroleros salgan y entren a Venezuela, una medida criminal que busca atentar contra el aparato económico de la nación y contra el pueblo venezolano.
De allí que el Poder Legislativo, en uso de sus atribuciones legales, se vea en la necesidad de impulsar normativas de este tipo para preservar y defender la soberanía ante estos ataques del imperialismo norteamericano.
