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A propósito del contrato que firmó el diputado de la Asamblea Nacional, en desacato, Juan Guaidó con la empresa Silvercorp, que contemplaba el asesinato del presidente de la República Nicolás Maduro y todo su Gabinete Ministerial, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció que en las clausulas de dicho contrato se autorizaba a los mercenarios atacar a edificios civiles, históricos, religiosos y culturales; además de hospitales.
Texto: Últimas Noticias
Villegas publicó en su cuenta oficial Twitter: «En lugar de prohibición absoluta de ataque a hospitales, edificios civiles, culturales, históricos y religiosos, el #ContratoGuaidó autoriza a mercenarios de SilverCorp a atacarlos cuando, a juicio de “Administración” se usen para “un propósito ilegal”. Vomitivo, pero cierto».
En lugar de prohibición absoluta de ataque a hospitales, edificios civiles, culturales, históricos y religiosos, el #ContratoGuaidó autoriza a mercenarios de SilverCorp a atacarlos cuando, a juicio de “Administración” se usen para “un propósito ilegal”. Vomitivo, pero cierto. pic.twitter.com/KbUsvlSHqd
— Ernesto (@VillegasPoljak) May 13, 2020
A comienzos de mayo fue publicado por The Washington Post el contrato completo Guaidó-Silvercorp con sus anexos, que constan de 41 páginas. Entre sus clausulas se contemplaba la posibilidad, por las fuerzas privadas de ocupación, de destruir edificios e instituciones del Gobierno de Venezuela, entre ellos los de la Gran Misión Vivienda Venezuela, si eran declarados “hostiles” por ellos.
También se definen las armas que se usarían en la Operación Gedeón, a quién asesinarían los terroristas y cuánto les pagarían. Esa parte del plan duraría más de 400 días, porque incluía la estancia de «fuerzas especiales» en el país para asistir a Guaidó. El colocarlo en la Presidencia del país era uno de los objetivos de la misión, junto con el asesinato o entrega de los funcionarios del gobierno de Maduro a Estados Unidos
Toda la acción, según indica el contrato, costaría 212 millones 900 mil dólares, en el que Guaidó cancelaría al contratista un anticipo no reembolsable de 1.500.000 de dólares. «Se acuerda pagar mensualmente al contratista después de la culminación del proyecto un mínimo de $10.860.000,00, un promedio de $14.820.000,00 y un máximo de $16.456.000,00», reveló Rodríguez.