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En la Gaceta Oficial número 41.834, que circuló el viernes 6 de marzo, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela publicó el Decreto Nº 4.151, mediante el cual se establecen las normas que regulan el registro del impacto negativo generado sobre el pueblo, la economía y las instituciones por las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegalmente impuestas por diversos Estados extranjeros contra el país. En este sentido, se crea el Registro Único de Información sobre el impacto negativo de estas medidas, como base de datos centralizada para acopiar la información relacionada con los daños generados, el cual será administrado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
Texto: Cancillería
El Decreto establece que las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deben suministrar a la Vicepresidencia Ejecutiva un informe detallado y debidamente sustentado de los daños causados por las medidas coercitivas unilaterales, acompañado de la base de cálculo utilizada para determinar la cuantía de los daños económicos y de los documentos que demuestren el impacto negativo reportado.
Igualmente, estipula que se conforme en las instituciones públicas una unidad o departamento encargado de manera permanente de recabar, analizar, calcular y registrar los daños causados por las medidas coercitivas unilaterales y los documentos que le sirven de respaldo.
A los efectos del Decreto “se considera como impacto negativo generado por las medidas coercitivas unilaterales todas aquellas afectaciones al normal y cotidiano desempeño de las labores encomendadas a las instituciones del Estado, que puedan ser atribuidas, directa o indirectamente, a cualquiera de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, los Estados que integran la Unión Europea o cualquier otro Estado extranjero”, define el instrumento jurídico.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través del canciller Jorge Arreaza, consignó el 13 de febrero una remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI), por medio de la cual solicita formalmente el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto. El sábado 7 de marzo, el diplomático anunció que la CPI asignó el caso venezolano a la Cámara Tercera de Cuestiones Preliminares.