Imagen tomada del video del traslado de Aída Merlano tras su captura en Maracaibo el pasado 27 de enero.
La revista colombiana Semana difundió en su sitio web una carta firmada por varios congresistas de la oposición de ese país, dirigida al nuevo Fiscal General colombiano, Francisco Barbosa, en la que le piden designar una comisión de fiscales que acudan a Venezuela y tomen declaraciones de la excongresista y prófuga colombiana Aida Merlano, capturada en la ciudad venezolana de Maracaibo el pasado 27 de enero. La solicitud ocurre días después de que el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, invitara a miembros de las instituciones colombianas a que acudan a Venezuela a tomar declaraciones de la excongresista.
Texto: Alba Ciudad (LBR)
La invitación de Maduro a las instituciones colombianas ocurre como reacción ante las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien afirmó que solicitará la extradición de Merlano ante el diputado venezolano Juan Guaidó, a quien él considera como supuesto presidente interino venezolano, lo que el Presidente Maduro consideró “una verdadera ridiculez”.
Merlano había sido sentenciada a 15 años de prisión en Colombia, acusada de compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018. Pero en octubre de 2019 se fugó cuando asistía a una cita de ortodoncia en un centro médico de Bogotá. No se sabía nada de ella hasta que fue detenida en Maracaibo el 27 de enero.
Maduro recordó que Venezuela ha detenido más de 30 prófugos colombianos, incluyendo a Merlano y a miembros de la banda paramilitar Los Rastrojos, pero no ha sido posible entregarlos debido a que ambos países no tienen relaciones diplomáticas, lo que ocurre desde el pasado mes de febrero de 2019, como reacción del gobierno venezolano ante el abierto apoyo de Colombia a las acciones desestabilizadoras de Juan Guaidó.
El diputado, autoproclamado presidente interino de Venezuela con el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos, Colombia y otros países, organizaba desde territorio neogranadino el ingreso a la fuerza de supuesta “ayuda humanitaria” acompañada de tropas, lo que el gobierno venezolano consideró una intervención militar. Colombia también brindó amparo a militares desertores venezolanos, con intenciones de organizar una fuerza desestabilizadora contra Venezuela.
Al respecto, y para ayudar a resolver la controversia causada por la captura de Merlano, el Presidente Maduro propuso el pasado 30 de enero el restablecimiento de relaciones consulares entre ambos países, que permitieran un mínimo de gestiones entre ambas naciones. Igualmente, el 31 de enero Maduro invitó a miembros de las instituciones colombianas a que acudan a Venezuela a tomar declaraciones de la excongresista.
La carta
En la carta, que está firmada por Iván Cepeda, María José Pizarro, Carlos Antonio Lozada, Antonio Sanguino, Wilson Arias, Criselda Lobo Silva, Luís Alberto Albán y Omar de Jesús Restrepo, se hace un relato de los hechos relacionados con Merlano y se asegura que su recaptura es la oportunidad para conocer los presuntos “hechos de corrupción en el (departamento de) Atlántico”.
La carta, dirigida al fiscal general Barbosa, dice en parte:
“Conforme a lo expuesto en este derecho de petición, y dada la gravedad de los hechos mencionados y las implicaciones que tienen para el país, nos permitimos solicitarle que, una vez se posesione, y en el ámbito de sus funciones, competencia y autonomía, y mientras el Gobierno Nacional adelanta las actuaciones necesarias para la repatriación de la señora Merlano, designe una comisión de fiscales para que reciban en territorio venezolano la declaración de ella acerca de los hechos que dice conocer y de los que además afirma tener pruebas”.
El texto también argumenta que la hija de Aida Merlano publicó en su cuenta de Instagram un comunicado de su madre en el que manifiesta “que tiene la intención de entregarse a las autoridades para revelar los nombres de los verdaderos responsables de la compra de votos en el Atlántico, pero lo hará cuando tenga las garantías constitucionales”. Por eso se hace la solicitud de interrogarla para conocer a fondo lo que pasó en el departamento del Atlántico en materia de corrupción electoral.