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Desde la movilización de Plaza Venezuela, hasta la sede del Ministerio Público, donde el pueblo revolucionario salió para manifestarse en rechazo al delito de traición a la patria, la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, leyó un resumen del documento a ser entregado ante la Fiscalía General de la República, donde se solicita una investigación para quienes desde el interior y el exterior promueven acciones injerencistas contra el país.
Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)
A continuación el resumen leído por la ministra:
El pueblo demanda justicia, contra traidores a la patria, el pueblo venezolano en ejercicio de la soberanía nacional, derecho consagrado en el artículo 5 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acude ante el Ministerio Público, órgano titular de la acción penal, establecido en artículo 285 de nuestra Constitución, para solicitar, se inicie la investigación penal a que haya lugar por la presunta violación de normas que nuestro ordenamiento jurídico consagradas expresamente en nuestra Carta magna. El código penal venezolano y en otras leyes de carácter penal vigente en la república.
Como es sabido, la Constitución Bolivariana en su artículo 263 ordinal 4, consagra que la rectoría de las relaciones exteriores de la nación, es atribución y obligación exclusiva y excluyente del jefe de estado y jefe de gobierno. En virtud de que un grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en desacato, usurpando funciones del jefe de estado, se han dado a la tarea de ejercer dichas atribuciones, invocando ante organismos internacionales como la OEA, ante el gobierno de los Estados Unidos, ante la Unión Europea, con la participación de algunos gobiernos latinoamericanos cipayos del imperialismo nortemaricano: Perú, Colombia, México, Argentina, entre otros.
Una intervención extranjera para derrocar al gobierno legítimo y constitucional del camarada presidente, Nicolás Maduro Moros y a la Revolución Bolivariana. Que el pueblo venezolano como consecuencia de las demandas de intervención extranjera, de bloqueo financiero y comercial contra el gobierno bolivariano, ha sido víctima de una inclemente guerra económica, desabastecimiento de los productos de la cesta básica. Ha soportado el bloqueo de operaciones comerciales, para la adquisición de medicinas, boicot a las operaciones comerciales de PDVSA, todo lo cual afecta la estabilidad política de la nación y su economía, con los peores fines de destrucción del sistema político, financiero y comercial venezolano.
La comunidad internacional y los pueblos del mundo, son testigos de un hecho público, notorio y comunicacional, como los son los reiterados llamados viajes al exterior y las declaraciones a los medios impresos y televisivos extranjeros, de los dirigentes políticos de la derecha venezolana, agrupados en la llamada Mesa de la Unidad democrática (MUD), solicitando que los gobiernos de países extranjeros intervengan en nuestros asuntos internos, lesionando así a nuestra soberanía y vulnerando tratados internacionales.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el código penal vigente, entre otras leyes de seguridad de la nación. El pueblo venezolano demanda respeto a la Constitución de la República en relación a los derechos irrenunciables de la nación y los deberes que como ciudadanos venezolanos estamos obligados de cumplir, como señala en el artículo 13 constitucional: “El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna, enajenado, ni aun temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional”.
E igualmente el artículo 130, que claramente señala: “Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”.
No cabe duda, que las actuaciones de los diputados y diputadas de la MUD ante organismo regionales y gobiernos extranjeros, particularmente con el presidente norteamericano Donald Trump, pueden ser considerados como delitos de traición a la patria, por cuanto se atenta contra la independencia, por solicitud expresa de intervención de un país extranjero en los asuntos internos de Venezuela, se reciban recursos de país extranjeros o de sus instituciones de ciudadanos o ciudadanas de ese país, para desestabilizar el orden social.
El pueblo demanda
En virtud de todo lo alegado, atendiendo la circunstancia de hecho y de derecho, materializada en cada una de las acciones y omisiones ejecutadas por los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en desacato y dirigentes políticos de algunos partidos de la oposición, es que solicitamos ante esta Fiscalía General de la República, que tenga bien hacer cumplir el bloque de la legalidad vigente, aplicable y sean sancionados al estar incursos en delito de traición a la patria, toda vez que debe permanecer la justicia como norte, la soberanía, el bien común, la buena fe en lo inherente a las funciones y atribuciones como servidores públicos de vocación.
En tal sentido, se ratifica el necesario requerimiento de que se actúe judicialmente de manera expedita y oportuna, contra aquellos venezolanos y venezolanas que dentro de nuestro territorio o fuera de él, sean visto incursos en la presunta comisión de estos delitos que de forma reiterada y fragante, violan infringen la normativa internacional constitucional ilegal aplicable.
Caracas 11 de septiembre de 2017 
