Fiscal General, Tareck William Saab. Foto: Archivo
El Ministerio Público (MP) abrió el pasado 2 de agosto una investigación contra la periodista Carla Angola Rodríguez por instigar públicamente al magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de un programa transmitido por un canal de televisión con sede en Miami, Estados Unidos.
Texto: AVN / Foto: Archivo
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el MP solicitó orden de aprehensión en contra de Angola Rodríguez por la presunta comisión de apología, delito que está previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal y artículo 406 numeral 3 literal b.
La solicitud de detención se hizo ante el Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mientras que la investigación del caso fue encomendada a la Fiscalía 8ª del Área Metropolitana de Caracas y fiscales nacionales, precisó en una rueda de prensa desde la Escuela Nacional de Fiscales.
Saab mostró parte del programa transmitido en Miami “donde ella dice como si fuese un chiste, textualmente: ‘EE.UU. usa un dron y desaparece al segundo al mando de Al Qaeda y todo el mundo se pregunta en redes, ¿por qué no hacen lo mismo con Nicolás Maduro?’. Ante la respuesta de su entrevistado, en la cual afirma que EE.UU. no considera a Venezuela como una amenaza directa a su seguridad, como sí considera al grupo Al Qaeda, la periodista insistió en que sí debe ser considerada una amenaza”.
Por ello, el fiscal general manifestó que con este tipo de comentarios, “Carla Angola está convicta y confesa”.
MP investiga al esposo de Angola
Saab también señaló que el MP abrió una investigación contra el esposo de esta periodista, Luis Alejandro Arévalo Troconis, propietario de un inmueble ubicado en la Urbanización El Cafetal del municipio Baruta.
Indicó que en el inmueble “habitan cuatro familias en distintos anexos, de las cuales dos de ellas, en el año 2014, le hicieron entrega de una gran suma de dinero para adquirir la titularidad de dicho inmueble”, pero “al no haberse formalizado su condición jurídica ni protocolizado dicha venta, se evidencia que estos ciudadanos fueron burlados de su buena fe y habrían sido víctimas del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal”.