El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, comparecieron este jueves ante un tribunal de Nueva York en una audiencia marcada por el debate sobre el uso de recursos soberanos para su representación legal. Durante la sesión, el juez Alvin Hellerstein puso en duda la vigencia y la lógica de los argumentos de la fiscalía para mantener bloqueados los activos que permitirían financiar la defensa técnica.
Texto: Últimas Noticias (Randolph Borges)
El magistrado sugirió que la licencia necesaria para estos pagos podría haber sido “retenida arbitrariamente” por el Departamento del Tesoro.
En un momento de alta relevancia jurídica, el juez Hellerstein priorizó los principios del debido proceso sobre las consideraciones de política exterior. El magistrado enfatizó que la capacidad de los acusados para ejercer su defensa es un derecho superior a las sanciones impuestas.
“No veo ningún interés permanente de seguridad nacional en el derecho a defenderse”, sentenció el juez, rebatiendo la postura del Gobierno de Estados Unidos que busca impedir que el Estado venezolano sufrague los honorarios de sus representantes.
Fiscal insiste en sanciones mientras la defensa denuncia vulneración de derechos
La fiscalía, representada por Kyle Wirshba, intentó justificar la restricción de fondos alegando que permitir el acceso a estos recursos desvirtuaría la naturaleza de las sanciones internacionales. Según el fiscal, si la premisa de las medidas es evitar el uso de la riqueza nacional, “eso socavaría las sanciones para permitirles acceder a los mismos fondos ahora para pagar su defensa”.
Esta postura fue recibida con escepticismo por el tribunal, que cuestionó la pertinencia de mantener tales bloqueos en un contexto de deshielo diplomático.
Por su parte, la defensa liderada por el abogado Barry Pollack insistió en que el Estado estadounidense vulnera derechos constitucionales al impedir que Venezuela asuma el costo de la defensa. Pollack argumentó que recurrir a defensores públicos sería un despropósito financiero para el contribuyente norteamericano, existiendo fondos dispuestos por el país de origen.
El abogado destacó que no tiene sentido agotar recursos públicos en un escenario donde hay “alguien que no sea el contribuyente estadounidense listo, dispuesto y capaz de financiar esa defensa”.
Maduro ratifica su legitimidad y decencia ante el tribunal
Durante la comparecencia, se recordó la postura firme que ha mantenido el mandatario venezolano desde el inicio del proceso, donde ha rechazado categóricamente las acusaciones en su contra. El presidente Maduro ha utilizado el estrado para reivindicar su investidura y la legalidad de su cargo ante la justicia estadounidense.
“No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, declaró el mandatario, reafirmando que su detención y el proceso posterior carecen de fundamento jurídico legítimo.
El juez Hellerstein, aunque no desestimó el caso de forma inmediata, dejó la puerta abierta para que la defensa reconsidere la solicitud de anulación si el Departamento del Tesoro persiste en su negativa de liberar los fondos.
El magistrado reconoció que, si bien el Gobierno tiene facultad técnica para bloquear activos, el ejercicio del derecho a la defensa “es primordial” sobre los intereses de seguridad nacional. Esta audiencia representa un giro significativo en el caso, al poner bajo la lupa la arbitrariedad de las sanciones en el ámbito judicial neoyorquino.
Trump interfiere en el juicio contra Maduro
Previo a la audiencia judicial de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo declaraciones acusatorias sin fundamento contra el mandatario venezolano, lo que marca una clara interferencia en un proceso judicial, generando un posible conflicto entre poderes.
Trump afirmó ante la prensa sobre Maduro: «Es un hombre peligroso que ha matado mucha gente, mandó gente a nuestro país. Vació las cárceles en Venezuela para enviarlos a nuestro país. Espero que se le presenten los cargos. Vació sus prisiones para que vinieran a nuestro país. Fue uno de los principales proveedores de las drogas que llegan a nuestro país».
Estas palabras, pronunciadas sin aportar prueba alguna, buscan influir públicamente en el desarrollo de un caso que se origina de una operación militar violenta e ilegal, reconocida así por buena parte de la Comunidad Internacional.
Las declaraciones de Donald Trump no solo carecen de evidencia, también subrayan la intencionalidad política detrás de un juicio que se enmarca en la estrategia de agresión permanente contra Venezuela.
El acto de interferencia presidencial en las acciones del poder judicial, se interpreta como un intento de manipular la opinión pública y el sistema legal contra líderes de naciones soberanas, contraviniendo principios fundamentales del derecho internacional.