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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó el pasado 20 de octubre una nueva audiencia de imputación contra los tenientes Ascanio Antonio Tarascio y Esteban José Zárate Soto, como presuntos responsables de la muerte del capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Rafael Ramón Acosta Arévalo, ocurrido en junio de 2019.
Texto: Prensa Ministerio Público
“Quiero recordar que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en fecha 9 de octubre de 2020, decretó la nulidad de una actuación pasada que había realizado el Ministerio Público contra Ascanio Antonio Tarascio y Esteban José Zarate Soto señalados como los presuntos responsables de la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo”.
Con respecto al tema, explicó que la decisión del TSJ “retrotrae la causa a que se haga nuevamente la investigación otorgando para ello un plazo de 30 días”. En este sentido, informó que en la nueva audiencia el Ministerio Público imputó a los ciudadanos implicados, por los delitos de Homicidio Calificado y Tortura.
Añadió que la acción de los órganos de justicia en este caso demuestra que “existe el derecho humano al debido proceso; ahí la víctima tiene la oportunidad, por ejemplo como en este caso ocurrió, de apelar una decisión con la que no pudieron estar de acuerdo. Allí actúa la justicia venezolana”, comentó Saab.
Respaldo institucional
A su vez, el Fiscal General insistió en que si una persona o funcionario, desde la individualidad, “atenta en contra de la Constitución violando los derechos humanos será sancionado, perseguido de manera implacable y contra él caerá todo el peso de la ley”.
Sobre dicha afirmación, recordó que la institución “tiene el apoyo de todos los poderes públicos nacionales; desde el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros; pasando por las autoridades del TSJ, todos sus tribunales competentes, de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República”.
Reconocimiento de la ONU
Sobre las reacciones en torno al mencionado caso, el Fiscal General resaltó el reconocimiento por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que a través de Twitter manifestó que: “las imputaciones por tortura contra 2 militares por el asesinato del Capitán Acosta Arévalo son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura”.
Detienen narcotraficante solicitado por Francia
Saab también informó sobre la detención de Eustacio Cirilo Córdova, narcotraficante aprehendido en Charallave en procedimiento conjunto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Córdova era líder de una banda de crimen organizado que operaba desde una finca conocida como “La Inversión” y cuyas operaciones se centraban en la región oriental del país, especialmente en los estados Sucre y Anzoátegui.
Informó que además, “se presume que Córdova lidera un cartel de narcotráfico denominado Los Maureles, que tendría sus bases (…) en Güiria y San Juan de las Galdonas”. El descubrimiento de dicha situación fue gracias a “una denuncia referente a que en la finca de nombre ‘La Inversión’ se encontraba un grupo de delincuencia organizada y personas que portaban armas largas”, explicó Saab.
Una vez en el lugar, los funcionarios “lograron avistar a unos sujetos armados quienes al percatarse de la presencia policial les dispararon, ocurriendo un intercambio de disparos que permitió que los delincuentes huyeran por una zona montañosa”.
Al realizar los funcionarios actuantes una inspección técnica en la finca, hallaron “dos armas tipo fusil M16 calibre 5.56 mm, sin marcas y sin seriales visibles, dos cargadores para fusil y 579 municiones 5.56 mm ocultas en un cilindro parcialmente enterrado”, comentó el alto funcionario.
Tras las entrevistas realizadas a los trabajadores de la finca, se descubrió que ésta era propiedad de Córdova y Carmen Rosa Gamboa, su esposa; a quienes se les solicitó orden de aprehensión ante el Tribunal 2º de Control en la mencionada entidad oriental, “por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, precisó el vocero institucional.
Eran víctimas de extorsión
Adicionalmente, destacó que en fechas previas a estos hechos “Cirilo Córdova tuvo el descaro de venir hasta el Ministerio Público para denunciar que era objeto de una persecución policial a cambio de pagos en miles de dólares”, destacó Saab. En tal sentido, explicó que según las denuncias hechas por Córdova y su esposa, eran víctimas de extorsión por parte de funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui: “En la última ocasión le solicitaron la cantidad de 150.000 dólares americanos, luego lo modificaron a 80.000 dólares y finalmente solicitaron 40.000 dólares para la liberación de familiares y trabajadores de su finca”, precisó.
En ese sentido, el titular de la acción penal precisó que se inició una investigación al entender el Ministerio Público, que estos funcionarios en vez de notificar la ubicación de este solicitado por Francia, se dedicaron a extorsionarlo para obtener provecho económico. “Es por ello que una vez investigados estos hechos, hemos procedido a solicitar orden de aprehensión contra el oficial Alexander José Ramírez Sánchez, por el delito de Concusión”, informó.
Por último refirió que otra de las líneas de investigación sobre el caso será indagar sobre la posible protección que habrían brindado funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a Córdova en lugar de entregarlo a la justicia venezolana.
Antecedentes criminales
El Fiscal General reveló que, según la información recolectada por fiscales del Ministerio Público, “Eustacio Cirilo Córdova fue enjuiciado en 1999 en Francia por tráfico internacional de drogas y sentenciado a 10 años de prisión; de los cuales estuvo encarcelado 4, siendo liberado en 2004”.
Adicionalmente, “fue nuevamente procesado en 2005 por un tribunal de París y fue hallado culpable y condenado a 20 años de prisión en un proceso que lo comprometía en grandes transportes de cocaína entre Suramérica y Francia a través de las Antillas Francesas”.
Apoyo a comicios
De igual forma, el Fiscal General reiteró el apoyo absoluto del Ministerio Público al proceso electoral del 6 de diciembre del presente año para la elección de nuevos diputados a la Asamblea Nacional. En tal sentido, explicó que el Ministerio Público dispondrá en 1.104 funcionarios en todo el territorio nacional para proteger el derecho de los sufragantes.