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El canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el Fiscal General del país, Tarek William Saab, realizaron este sábado una rueda de prensa conjunta para salir al paso al Informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela, presentado recientemente por una la «Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos» amparada por las Naciones Unidas, la cual “sólo busca manchar el proceso electoral del próximo 6 de diciembre, dañar los procesos de diálogo político a lo interno y socavar el trabajo que viene realizando nuestro país con la alta comisionada Michelle Bachelet”, señaló el canciller. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, detalló este sábado las acciones del Ministerio Público, en nombre del Estado venezolano, para defender los derechos humanos.
Texto: Alba Ciudad, AVN y Yvke Mundial
«Estas acciones, orquestadas desde Estados Unidos, solo buscan crear un precedente que sirva para justificar una agresión contra nuestro país», dijo el canciller Arreaza.
A su juicio, el informe de la ONU fue realizado bajo una metodología «fraudulenta», que no corresponde con la que se debe aplicar en estos casos. «Para la elaboración de este informe ni siquiera se revisaron las leyes venezolanas. Luego desconocen que Venezuela tomó la decisión soberana de retirarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por ejemplo», aseguró Arreaza.
Informó que la comisión que elaboró el informe está conformada por tres “expertos”, entre ellos el abogado Francisco Cox, quien fue defensor de los militares de la dictadura chilena de Augusto Pinochet.
Lamentó que muchos “países, gobiernos, partidos y personalidades” hayan dado una opinión sin antes haber revisado todo lo que verdaderamente ha ocurrido en Venezuela en DDHH, “usando términos de fútbol: cayeron en fuera de juego porque desconocen la gran cantidad de mentiras que contiene dicho informe”, expresó.
En su opinión, el objetivo de este informe es torpedear el diálogo político que impulsan en Venezuela el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y la dirigencia de la oposición. Asimismo, pretende perturbar el ambiente pre-electoral rumbo a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre y el rol de Venezuela en las relaciones internacionales.
Entre algunos de los errores del informe, resaltó las “denuncias” de supuestas torturas contra dirigentes políticos de oposición privados de libertad por delitos tipificados en el ordenamiento jurídico, entre ellos Leopoldo López, quien tenía momentos de recreación y de quien el canciller mostró imágenes que plasman los momentos en que compartía con su familia estando en prisión.
Asimismo, mostró un video en el que el propio dirigente político de derecha Juan Requesens asegura que durante su detención tuvo un trato humanitario y contacto con su familia.
El diplomático señaló que todo esto le resta credibilidad al informe, el cual forma parte de los ataques sistemáticos orquestados desde el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, por lo que consideró que el documento es además un monumento a la piratería jurídica, ya que además los que fueron sus relatores jamás constataron en suelo venezolano la veracidad de dichas “denuncias”. “Es un ataque sistemático y generalizado contra nuestras instituciones y que lo sufrimos todos por igual”, recalcó Arreaza en referencia a la imposición arbitraria e ilegal de sanciones contra el Estado venezolano y autoridades.
Venezuela está trabajando con Bachelet en temas de DDHH
El canciller remarcó que las resoluciones de la ONU tienen mandatos y Venezuela trabaja de manera conjunta con una resolución con la Alta Comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, la cual fue aprobada en 2018, ratificada en 2019 y que debe ser renovada este año. El gobierno venezolano se va a mantener firme con el trabajo conjunto que tiene con Bachelet, destacó Arreaza.
Es importante destacar que, el pasado 15 de septiembre, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU reconoció la cooperación y el trabajo conjunto del gobierno venezolano en materia de derechos humanos.
Rechazó que se involucre al Presidente Nicolás Maduro con torturas presuntamente cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado y aseguró que el Jefe de Estado y los órganos competentes siempre ha actuado cuando se ha tenido informaciones sobre hechos de este tipo. También dijo que pretenden utilizar los organismos de los Derechos Humanos como un arma para atacar a Venezuela.
MP ha solicitado imputación de 70 funcionarios del FAES
Durante la rueda de prensa, el Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) ha solicitado a los tribunales imputar a 70 funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) por violación de derechos humanos. “Solo en el mes de septiembre de este año se ha solicitado a los tribunales competentes la imputación de 70 funcionarios de las Faes en distintos estados del país”, precisó en rueda de prensa.
También expresó que, desde su llegada al Ministerio Público, se han imputado a 565 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos (DD.HH.) y a 31 civiles implicados como colaboradores, para un total de 596 imputados. De ellos, 143 pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y 138 a la Policía Nacional Bolivariana. Además, fueron aprehendidos un total de 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para un total de 468 privados de libertad, de los cuales 109 pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana.
804 funcionarios y 123 civiles han sido acusados, “lo que hace un total de 927 acusados a través de la presentación de 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia”. Entre los acusados destacan 234 funcionarios de policías estadales, 158 funcionarios del Cicpc, 153 de la Policía Nacional Bolivariana y 92 de la Guardia Nacional Bolivariana. Las acusaciones realizadas, se referían a los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y/o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos contemplados en la legislación.
Adicionalmente, fueron sancionados mediante sentencia condenatoria un total de 127 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles, para un total de 140 condenados; siendo 36 de la Policía Nacional Bolivariana y 26 de la GNB.
Asimismo, destacó que por la Masacre de Barlovento fueron condenados a 22 años dos ex militares del Ejército Bolivariano. También fueron condenados a 28 años de prisión tres funcionarios de la PNB por los delitos de trato cruel y violación, en el estado Lara.
Fueron asistidas un total de 3.246 inspecciones técnicas en el sitio del suceso, en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal, y fueron presenciadas un total 11.102 autopsias. “Habría que saber cuántas experticias realizaron los creadores de este informe. Ninguna porque nunca estuvieron en campo”.
Al respecto, Saab enfatizó que todas estas actuaciones han sido reconocidas por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Indicó que el informe de la Misión de la ONU fue presentado por una comisión “ad hoc” financiada por el Grupo de Lima, abiertamente interesado en derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto nada imparcial. Resaltó que el mismo, “es una falta de respeto hacia los fiscales que estudian y van de la mano con las leyes para ir a tribunales con el fin de lograr los resultados que estoy mostrando”.