Owens-Illinois fue expropiada en 2010 tras ser acusada de prácticas monopólicas que mantenían desabastecido el mercado naciona. Foto: Referencial
En un obvio caso de conflicto de intereses, José Ignacio Hernández, el abogado que fue nombrado por Juan Guaidó como “procurador” de su supuesto gobierno interino, asesoró hace unos meses a la transnacional de origen estadounidense Owens-Illinois como “experto legal”, en la demanda que realiza dicha empresa contra la petrolera estatal venezolana Pdvsa y su filial estadounidense Citgo. Owens-Illinois le exige a las empresas venezolanas el pago de 500 millones de dólares como indemnización por la expropiación de sus dos plantas en 2010.
Texto: La Tabla y Alba Ciudad
Así lo denunció este viernes el portal de investigación La Tabla en una serie de tuits.
En el arbitraje, el abogado José Ignacio Hernández fue contratado por más de 160 mil dólares como “experto legal” en el juicio, que se realiza desde desde febrero de 2019 ante un tribunal de Delaware, para demostrar que las compañías de propiedad estatal Pdvsa y Citgo eran equivalentes a la República, lo que permitiría actuar contra los activos de las petroleras.
La Tabla señala que Hernández usó los mismos argumentos contenidos en otro informe que, como “experto legal”, también presentó para el arbitraje de la canadiense Crystallex contra Citgo, por la supuesta expropiación de un proyecto aurífero en 2011.
Por dicho caso, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra Hernández el pasado miércoles por su papel como supuesto “procurador” de Venezuela, en dicho caso en el que un tribunal estadounidense autorizó a la empresa canadiense Crystallex el embargo de los activos de Citgo en Estados Unidos.
Sobre la relación de Hernández con Owens-Illinois, La Tabla señala: “Pese al evidente conflicto de intereses (que como ‘procurador’ lo enfrentaba a sus ‘antiguos’ clientes), él siguió actuando como representante de Venezuela. Así lo evidencia, por ejemplo, este tuit con detalles sobre las diligencias frente a Owens-Illinois en mayo de 2019″.
La Tabla denuncia que, por su actuación como experto legal y la elaboración del argumento del “alter ego”, Hernández cobró 163 mil 720 dólares según la relación de costos presentada por Owens Illinois en el caso de arbitraje ARB/11/25 del CIADI.
Un dato que puede ser esclarecedor es el hecho de que Empresas Polar (principal cliente del bufete de Hernández) era socio minoritario de Owens-Illinois en Venezuela y el más importante comprador de sus envases, como botellas y frascos de vidrio.