La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó contundentemente la decisión de una corte de apelaciones estadounidense, según la cual la empresa minera canadiense Crystallex Internacional puede quedarse con los activos de la empresa Citgo, establecida en Estados Unidos pero propiedad de Pdvsa, para cobrar unos 1.400 millones de dólares que Venezuela presuntamente le adeuda.
Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
El pasado 29 de julio, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en Filadelfia, rechazó un recurso de la petrolera venezolana Pdvsa que buscaba anular la orden emitida en 2018, que permite a la minera canadiense Crystallex cobrar con activos de Citgo una supuesta deuda pendiente del Estado venezolano.
Rodríguez calificó la decisión de dicha corte de “insólita”. Señaló que se organizó un “gran fraude material y procesal contra la República” para sacar los derechos de inmunidad soberana de Venezuela y poder llevar el caso a un tribunal de Estados Unidos, para apropiarse ilegítimamente de Citgo.
“Denunciamos ante el mundo que se trata de una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Una gran estafa mundial. Y Venezuela, el Estado venezolano, seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales. Lo denunciaremos también ante la Organización de las Naciones Unidas porque se están lesionando resoluciones de la Asamblea General”, declaró la Vicepresidenta.
Explicó que Ricardo Haussmann, asesor y representante del diputado opositor Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, propuso que el caso de la empresa venezolana Citgo tenía que resolverse ante tribunales estadounidenses, para lo cual ideó el alegato de que Pdvsa y la República Bolivariana de Venezuela tienen la misma figura jurídica, “para quitar la protección y las garantías que tiene el Estado venezolano cuando sale a defender sus derechos legítimos”.
El abogado José Ignacio Hernández actuó como experto contratado por Crystallex en la etapa del juicio en Delaware, y en 2017 declaró ante dicha corte que Pdvsa y la República Bolivariana de Venezuela eran la misma entidad jurídica.
Posteriormente, en 2019, José Ignacio Hernández fue nombrado supuesto “Procurador” de Venezuela por el diputado Juan Guaidó, a quien el gobierno estadounidense apoyó para autoproclamarse presidente interino venezolano. Hernández actuó como “defensor de Venezuela para garantizar el despojo de Citgo a través de esta empresa minera”, denunció Delcy Rodríguez.
Insiste Rodríguez en que esto es “una violación completa del derecho internacional” y “una gran estafa mundial”, lo que lo convierte a los Estados Unidos en “uno de los países más peligrosos para la inversión extranjera”. Señala que se busca perturbar la defensa legítima del Estado venezolano frente a instancias internacionales. Recuerda además que el gobierno de los Estados Unidos, al no reconocer al Presidente Nicolás Maduro, impide al legítimo Procurador General venezolano accionar o tener representación en los tribunales de ese país.
La vicepresidenta recordó que, en el litigio entre la empresa Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela, que data de 2008, “esta empresa nunca tuvo derechos mineros, títulos legítimos ni propiedad sobre la mina Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes de nuestro continente”.
Recordó que esa fue de las decisiones que tomó el entonces Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Ambiente, desconociéndose el plan ambiental presentado por dicha empresa porque tenía “profundas deficiencias que lesionaban los derechos de la Madre Naturaleza”. De allí se inició un litigio para retirar el contrato de servicios a la empresa minera, y recordó que se trataba, en cualquier caso, de un contrato de servicios y de operaciones sobre la mina “que en ningún casi daba derechos legítimos o de propiedad a la empresa Crystallex”.
Rodríguez dio a conocer chats en los que José Ignacio Hernández, junto a Carlos Vecchio, Juan Guaidó y otros miembros de la oposición venezolana, planificaban la apropiación de la empresa venezolana Citgo, de la también venezolana Monómeros (radicada en Colombia) así como el oro y la deuda venezolana, en confabulación con funcionarios estadounidenses. Denunció que funcionan como agentes de empresas transnacionales.
Recordó que Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, reconoció recientemente en un foro que él, como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aprendió a “engañar, mentir y robar”.
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