Activistas de todo el mundo denuncian cómo las sanciones de EE.UU. contra Venezuela están afectando a la población (+Micro radial)

Bajo el ‘hashtag’ #TrumpdesbloqueaVenezuela diversos movimientos activistas y usuarios de las redes sociales solicitaron el fin de las medidas coercitivas contra la nación bolivariana. Cuando la Administración Trump comenzó a imponer sanciones contra Venezuela en el año 2017, argumentó que las medidas no iban a afectar a la población porque «solamente se iban a ejercer contra funcionarios del Gobierno del presidente Maduro». Sin embargo, ya en el primer cuatrimestre de 2019, instituciones como el Banco Central de Venezuela también se han convertido en un objetivo del Gobierno norteamericano.

Texto: RT

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Así lo anunció el 17 de abril John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EE.UU.: «Me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de EE.UU. con el Banco y prohibir su acceso a los dólares estadounidenses».

La respuesta de Caracas fue recordar que el papel del Banco Central es fundamental para adquirir medicamentos, alimentos y bienes para todo el pueblo. Así, desde fuentes gubernamentales se sostuvo que EE.UU. no busca la democracia en Venezuela, sino emprender una recolonización. Además, también denunciaban el bloqueo de divisas venezolanas por parte de bancos internacionales.

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La oposición a favor de las sanciones

Por su parte, la oposición al presidente Nicolás Maduro admite la autoría de los planes para llevar a cabo las sanciones, como confesó en febrero Julio Borges, político opositor representante de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima. «Como presidente del Parlamento, yo fui a solicitar sanciones en Europa y EE.UU.», afirmó Borges, y se jactó de que «a los pocos meses eran una realidad». Además, afirmó que el «tema petrolero», en su opinión, era una de las «sanciones democráticas más fuertes», y que ahora todo el mundo «acepta que tiene que hacerse así para meterle más presión» al Gobierno venezolano.

Sin embargo, no solo el Banco Central se ha visto afectado, sino también los buques de la compañía estatal Petróleos de Venezuela. A estos navíos se les impide el paso a Cuba, país con el que Venezuela tiene acuerdos desde la época del anterior presidente, Hugo Chávez.

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Asimismo, también el líder opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó «presidente encargado» en enero, pidió a Estados Unidos que tomara el control de la filial petrolera Citgo, como denunció el mes pasado Maduro, quien dijo: «El Gobierno de EE.UU. ilegalmente se apropió de Citgo y la están endeudando en 1.300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional burguesa».

Así, Maduro calificó lo sucedido con la compañía petrolera como un «crimen» y un «negocio», y denunció que «por lo menos el 10 %» de esos 1.300 millones «llega al bolsillo de los ladrones diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la derecha».

De esta manera, diversos colectivos activistas se han movilizado en las últimas fechas para denunciar que las sanciones que está llevando a cabo la Administración Trump están afectando a la población civil, como la plataforma estadounidense contra la guerra y el racismo Answer Coalition o la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana.

Crímenes de lesa humanidad

De la misma opinión es la economista, docente e investigadora Pascualina Curcio que sostiene que estas medidas coercitivas le han costado a Venezuela en sólo dos años más de 21.000 millones de dólares.

«Para que tengamos una idea, Venezuela con 4.000 millones importa medicamentos y alimentos para todo un año, para todos los venezolanos. Es decir, que esos 21.000 millones de dólares representan, más o menos, 5 años de importación de medicamentos y alimentos», ejemplifica la entrevistada, para ilustrar como estas sanciones «sí afectan a la población en general», por lo que apuesta por «tipificarlas como crímenes de lesa humanidad«.

Según un informe del Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos, 40.000 venezolanos habrían fallecido desde 2017, año en que se iniciaron las sanciones, como consecuencia de la imposición de los castigos económicos por la Administración Trump. Sus autores advierten de que la cifra podría aumentar tras las medidas tomadas este año contra la empresa estatal petrolera PDVSA.

Países como Rusia y China y organizaciones como la ONU y la Cruz Roja Internacional han colaborado con el Gobierno de Maduro para la entrada de productos médicos, aunque la situación continúa siendo delicada.

 

 

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