El Fiscal General Tarek William Saab, informó de nuevas detenciones en las investigaciones por el caso Cadivi/CencoEx, las empresas de la Faja Petrolífera del Orinoco, las mafias de vehículos de Pdvsa y las investigaciones por el caso Odebrecht. Hay 9 personas privadas de libertad y 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución en el caso CencoEx, 9 gerentes o directores de PetroZamora privados de libertad, 3 personas más en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco y cinco en el caso de las mafias de automóviles.
Texto: Alba Ciudad (LBR)
En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, Saab explicó que a Gabriel Peña Riera y María Margarita Cigala de Muñoz, ambos accionistas de la empresa Azucarera Río Turbio C.A., se les dictó medida privativa de liebrtad el pasado viernes. Hay 8 órdenes de aprehensión que están en marcha. La empresa recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017, con sobrefacturación para cometer fraude al estado venezolano.
Se les imputó los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falso, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
En otro procedimiento fue detenido Miguel Angel Rosales Zambrano, directivo de la C.A. Central La Pastora. Por este caso hay 7 órdenes de aprehensión. La empresa está señalada por el mismo caso de sobrevaloración en un 230 por ciento en importaciones de azúcar crudo a granel. Dio un pago indebido por 1,3 millones de dólares, forjando un acta de pesaje, además de sobrefacturación.
“Todas estas personas fueron aprehendidas en el momento en el que iban a abordar aviones privados para huir del país”, acotó Saab.
Indicó que se está haciendo este miércoles el allanamiento en Carora, estado Lara, a la Central La Pastora C.A. Se solicitó la incautación de las instalaciones para ser administradas por el Estado.
El Fiscal General también indicó que fueron detenidos Belkis Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de la empresa Importadora Saigelis C.A., señalada por simulación de procesos de importación. Le fueron liquidados 12,3 millones de dólares con sobrefacturación. También fue aprehendida tratando de huir del país en el aeropuerto de Maiquetía, y hay otras 7 órdenes de aprehensión. Se le acusa de obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
En otro procedimiento fueron detenidos Felix Valoy Jiménez Silva y Rafael Heraldo Carrasquero Vadell, socios de la casa de presentación farmacéutica Losopan C.A., señalada por sobrevaloración de 300 por ciento en importaciones de cisteína refinada. Se le liquidaron 2,4 millones de dólares; la referida empresa no pudo ser ubicada en la dirección especificada en el Registro de Información Fiscal (RIF), por lo que se puede inferir que es una empresa fantasma. Fueron detenidos tratando de huir en vuelos privados, siendo imputados de obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso y legitimación de capitales.
También fue aprehendido este miércoles la ciudadana Zaida Cohén, cuando pretendía abordar un vuelo a Miami, EEUU. Tenía orden de aprehensión por estar involucrada en los casos Cadivi/Cencoex, por ser accionista de la empresa Acción Mercantil C.A., una empresa fantasma que simuló importaciones. Se le liquidaron 212 mil dólares, sin registro alguno de operaciones aduaneras.
Indicó que el Ministerio Público ha verificado 32 empresas por el caso Cadivi/Cencoex, con allanamientos e investigaciones en marcha. De ellas, 26 empresas no fueron encontradas, por ser “empresas fantasmas” o de maletín. Se han realizado 9 allanamientos y hay 9 personas privadas de libertad y 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución.
Resaltó que el 80 por ciento de las empresas a las que la gestión anterior de la Fiscalía General de la República le abrió una investigación, le sobreseyeron las causas. “Impunidad absoluta, lenidad absoluta, complicidad absoluta”, resaltó.
Caso Pdvsa y Faja Petrolífera del Orinoco
También fue detenido el 4 de octubre Manuel Vicente Sosa Morales, socio de la empresa Suministros Ramal, que calificó de empresa fantasma. Fue imputado el pasado martes 10 de octubre y privado de libertad por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir.
Su caso comenzó con una investigación por la adquisición de dos impresoras para el mejorador de Petropiar, con un sobreprecio y sobrefacturación por 391 mil 111 dólares. “Por las investigaciones que hemos hecho, el monto no debió ser de más de 3 mil 500 dólares“, indicó el Fiscal.
Sin embargo, descubrieron otras irregularidades con la empresa fantasma, y la posible vinculación con Francisco Javier Velásquez Gago, gerente del mejorador Petropiar de Pdvsa, para el otorgamiento de contratos con sobreprecio. “El ciudadano se encuentra imputado”, explicó.
En diez contratos evaluados, le fueron cancelados entre 2015 y 2016 al menos 27,8 millones de dólares en diversas órdenes de compra durante la gestión de Velásquez, donde se presume que hubo sobreprecio en bienes suministrados. “Por este caso se han librado 11 órdenes de aprehensión“, resaltó.
En el caso de la corrupción en Pdvsa, hay 9 gerentes o directores de PetroZamora con medida judicial privativa de libertad y una persona con arresto domiciliario y prohibición de salida del país (se acogió a la delación).
Sobre el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco, hay tres personas privadas de libertad: uno de la empresa Cuferca (Carlos Esteban Urbano Fermín; dos de sus hermanos tienen órdenes de aprehensión), el exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera, Pedro León, y el actor Manuel “Coco” Sosa. Hay dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución y se han allanado 9 empresas.
Indicó que el actor Manuel “Coco” Sosa, implicado en esta trama, se acogerá al beneficio de delación.
Mafia de vehículos de Pdvsa Monagas
Sobre la mafia de vehículos en Pdvsa Monagas, indicó que 5 funcionarios de la división Carabobo de Pdvsa fueron privados de libertad. “Ayer se puso a la orden del Ministerio Público el funcionario Jesús Moreno, Gerente de Transporte de la División Carabobo, quien se encontraba prófugo”.
Indicó Saab que, en dos de los tres campos que están siendo investigados, hay más de mil vehículos con los seriales devastados, que “luego estos seriales aparecían en carros robados. Era una mafia que traficaba con patrimonios y bienes de Pdvsa”.
Red de extorsión de fiscales en caso Odebrecht
Sobre José Rafael Parra Saluzzo, presunto ejecutor de un brazo ejecutor de extorsiones desde la gestión anterior de la Fiscalía, Saab indicó que él ha manifestado que se acogerá a la garantía procesal de la delación. Señaló el Fiscal que el 14 de septiembre de 2017, Odebrecht entregó al Ministerio Público copia del contrato de servicios legales suscrito por la Sociedad Civil PS-A Despacho de Abogados, de fecha 24 de abril de 2007, por una suma global de 7 millones 500 mil dólares.
“Además, se hizo entrega de 4 facturas de la Fundación PSP, que sería la encargada de recibir los pagos por contrato al bufete Parra Saluzzo, en una cuenta en Suiza”, indicó Saab. “Esta factura de pagos alcanza los 3 millones de dólares”, denunció. “Del análisis del contrato se desprende un hallazgo clave: existe una correlación entre las cláusulas del contrato y las actuaciones de los Fiscales a cargo del caso. Las cláusulas del contrato anticipaban lo que iban a hacer los Fiscales”, enfatizó Tarek William Saab.
El Fiscal General leyó el texto, que señala que “se le canceló un millón de dólares una vez que las medidas cautelares que pesan sobre George Faroh Cano (asesor jurídico de Odebrecht), Sergio Ferraz y Maryorie Garboza (directivos) les sean levantadas”, como “en efecto ocurrió”. El 26 de enero, el Ministerio Público había solicitado medidas cautelares contra los ciudadanos antes mencionados, pero “sorporendentemente, luego de la firma del contrato con la firma Parra Saluzzo, estos mismos fiscales solicitaron el levantamiento de la medida”, ejecutado el 15 de febrero contra la empresa y una de las implicadas. El 13 de marzo solicitaron el levantamiento para otros dos implicados. Así fue concedido por los tribunales pocas semanas después.
Denunció que los fiscales Pedro Lupega, Luis Sánchez (ya detenido) y María Gabriela Lucena estarían involucrados en esta red de extorsión, “solicitando el levantamiento de la medida contra la empresa y sus directivos”.
Indicó que se está solicitando la imputación de Faró Cano, Ferrats y Garboza, y se mantiene la búsqueda con alerta roja de Interpol a Euzenando Prazeres de Acevedo, quien fue presidente de Odebrecht de Venezuela.