La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que la interceptación de llamadas y correos realizada a diputados y empresarios venezolanos estaba autorizada en el contexto de las investigaciones abordadas por las denuncias de golpe de Estado y magnicidio. Consideró que el plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro es un problema de seguridad de Estado.
Informó que “el Ministerio Público recibió dos denuncias el pasado 18 de marzo de este año, una por parte de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional y otra anónima. “Con ocasión de esas denuncias, el Ministerio Público inició una investigación penal, y se han venido practicando un conjunto de diligencias”, detalló en rueda de prensa. Se comisionó al “Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, acción que fue acordada por el Tribunal 6º de Control del Área Metropolitana de Caracas. Con motivo de esta investigación, los funcionarios del organismo de inteligencia encontraron algunos correos que fueron mostrados el día de ayer. Este tema es un problema de seguridad de Estado y todos los venezolanos tienen el derecho de saber lo que ocurre”, aseveró.
La fiscal aseguró que con este plan se está atentando contra la estabilidad, la paz e instituciones en el país. Precisó que si durante la investigación surgen elementos que pudieran comprometer a algunas personas, no se descarta la posibilidad de que se liberen órdenes de aprehensión e imputaciones, incluso solicitudes de privativas de libertad o de prohibición de salida del país. Ortega manifestó que designó directamente a un director del Ministerio Público para que se encargue de hacerle seguimiento a toda la investigación con respecto al presunto magnicidio.