Un total de 39 personas fallecidas y 192 privadas de libertad registran los hechos de violencia ocurridos durante febrero y marzo de este año (2014), por parte de grupos vandálicos de la derecha venezolana que desde el 12 de febrero promueven un golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Nicolás Maduro, informó este viernes la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en una rueda de prensa ofrecida desde la sede del Ministerio Público, en Caracas. De los 39 fallecidos, 31 de ellos son civiles y el resto funcionarios policiales, militares y uno del Ministerio Público (MP). Igualmente, se registraron 608 lesionados, de los cuales 414 son civiles y 194 policías o militares. Detalló que fueron privados de libertad 192 personas, mientras que 2.285 fueron aprehendidas y presentadas ante los órganos jurisdiccionales.
Texto: AVN
En la rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión, Ortega indicó que durante las acciones violentas de bandas de derecha, que abarcan obstrucciones de vías, agresiones y destrozos a instalaciones, se han vulnerado también los derechos de los venezolanos que no han podido llegar a sus trabajos, llevar a sus niños a los colegios o asistir a centros de salud porque se les impidió el libre tránsito.
En ese sentido, subrayó que su despacho tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de todos, pues es una institución de todos los ciudadanos y destacó que el MP ha asumido el compromiso de hacer justicia en todos los casos.
“Como Estado venezolano estamos en la obligación de determinar las responsabilidades de los que aparezcan como autores o partícipes de cualquier hecho punible, no importa cuál hecho punible se trate, no importa quién lo haya ejecutado, quien haya participado, cuál sea su tendencia religiosa, su afinidad sexual, su simpatía política. Todos van a ser sancionados, siempre garantizando el debido proceso y respetando los Derechos Humanos”, enfatizó.
El Estado venezolano ha denunciado que la agenda de estos grupos, desatada desde el pasado 12 de febrero, forma parte de un plan conspirativo que busca deponer al mandatario legítimo, Nicolás Maduro, y torcer la voluntad de la mayoría de los venezolanos que apoya la Revolución Bolivariana.
Actos conclusivos
En su encuentro con los medios, la fiscal presentó un balance de las actuaciones del Ministerio Público por estos hechos, que además ha dejado daños materiales a la nación.
En ese sentido, dijo que hasta este viernes han sido presentados 26 actos conclusivos por los hechos violentos pro golpe de Estado ocurridos durante febrero y marzo de este 2014: 21 son acusaciones que pesan sobre 67 personas, y otros cinco fueron sobreseídos. Apuntó que las acusaciones son a personas partícipes de hechos vandálicos en el Distrito Capital y en los estados Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Vargas, Carabobo, Falcón y Trujillo.
Instigación pública, porte ilícito de armas, obstaculización de las vías públicas, destrozos a instituciones del Estado, entre otros, son algunos de los delitos por las que son acusadas las 67 personas, entre ellas, Leopoldo López, quien se encuentra privado de libertad por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir.
Asimismo, señaló que se acusó a dos efectivos de la Policía de Chacao, ambos por homicidio calificado además de quebrantamiento de acuerdos y pactos internacionales, privación ilegítima de libertad, uso indebido de armas y trato cruel. Ésto en perjuicio de Asdrúbal Jesús Rodríguez, de 26 años de edad, quien fue encontrado sin vida en Caracas el 19 de febrero después de ser detenido por Polichacao.
También precisó que dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se encuentran privados de libertad por los delitos de trato cruel y quebrantamiento de acuerdos y pactos internacionales.
Garantía de DDHH
La fiscal General de la República destacó que en Venezuela se trabaja con fuerza para la protección de los derechos fundamentales, y dijo que ejemplo de ello son los funcionarios policiales privados de libertad.
Del mismo modo, agregó que si hay denuncias o la Fiscalía conoce de alguna violación a los derechos fundamentales de personas privadas de libertad o irregularidades en los procedimientos, adoptarán las medidas necesarias, “porque el Estado está interesado en que se esclarezcan estos hechos y se haga justicia”.
“Venezuela, como país respetuoso de los Derechos Humanos, es un Estado que está interesado en que se respeten los derechos fundamentales de sus ciudadanos”, aseveró.
Actualmente, la Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales adelanta investigaciones por presunta violación de los derechos humanos: dos de los casos son por homicidio frustrado, dos por tortura, tres por homicidio consumado y 75 por trato cruel. Recordó, además, que en el país durante los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana, hubo un ataque sistemático a los Derechos Humanos, que incluyó casos como el Caracazo, la rebelión popular de febrero de 1989 que fue reprimida por la administración del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, con un saldo aún indeterminado de fallecidos y desaparecidos.
La Fiscal resaltó que el líder de la Revolución, Hugo Chávez, asumió la responsabilidad del Estado por estos hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se inició la indemnización a las víctimas. Agregó que actualmente investigan todas las masacres ocurridas en la Cuarta República que habían sido ignoradas por los gobiernos de ese período.
Sostuvo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, “hizo despertar al país” en cuanto a la consciencia de la defensa de los Derechos Humanos y subrayó que el Estado velará por el respeto de sus postulados.
Caso UCV
Asimismo, la fiscal general de la República informó que el Ministerio Público (MP) designó dos fiscales para investigar los hechos de violencia suscitados este jueves en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Precisó que los fiscales 63 del Área Metropolitana de Caracas y el 58 a nivel nacional se encargarán del caso. Este jueves, una banda fascista atacó a un grupo de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que, luego de tres horas y media de retención violenta, logró salir con vida del recinto.
Alejandro Padrón, estudiante de la escuela, informó que al menos 400 encapuchados, armados con bombas molotov, bombas lacrimógenas, piedras y metales atacaron la escuela, mientras dentro, estaba un grupo de 16 estudiantes de Trabajo Social. “Eran como 400”, recuerda Padrón, quien señaló que desde dentro vio como agredieron colectivamente con palos a uno de sus compañeros, William Muñoz, quien fue rescatado por un cuerpo de bomberos.
Los estudiantes se resguardaron en el piso dos de la escuela, que fue tacada con piedras, bombas y demás instrumentos por parte de estos grupos fascistas.