Hasta la fecha, 37 personas han perdido la vida producto de las guarimbas, organizadas en algunos municipios del país por sectores de la derecha, del total 29 son civiles y ocho son efectivos policiales y militares, así como un fiscal del Ministerio Público, informó este viernes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. De las 168 personas que se encuentran privadas de libertad como resultado de los hechos violentos generados por la derecha venezolana en el país, 17 son efectivos que integraban distintos cuerpos de seguridad, por el presunto uso desproporcionado de la fuerza.
Texto: AVN
Agregó que a la fecha hay 559 personas lesionadas, de ese total 379 son civiles y 180 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. Mientras que 168 personas se encuentran privadas de libertad.
Ortega Díaz destacó que este encuentro, con medios de comunicación públicos y privados nacionales e internacionales, fue convocado con el propósito “de hacer un balance de los hechos ocurridos en algunos municipios del país, los hechos de violencia que lamentablemente trajeron como consecuencia la muerte de muchos venezolanos”.
La gran mayoría de estas 37 personas han sido víctimas directas del accionar de grupos de ultraderecha, cuyos ataques incluyen desde colocar alambradas en avenidas y calles para degollar a motorizados que transiten por ellas de noche, hasta disparos contra quienes intentan liberar vías bloqueadas.
17 efectivos de seguridad se encuentran detenidos por presunto uso excesivo de la fuerza
Ortega Díaz también informó este viernes que de las 168 personas que se encuentran privadas de libertad como resultado de los hechos violentos generados por la derecha venezolana en el país, 17 son efectivos que integraban distintos cuerpos de seguridad, por el presunto uso desproporcionado de la fuerza.
De estos funcionario privados de libertad, Ortega detalló que siete son del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); dos de la Policía de Chacao (Miranda); cuatro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); uno del Ejército; uno de la Policía de Aragua; uno de la Policía de Mérida, y otro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En rueda de prensa ofrecida en la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas, Ortega indicó, hay tres funcionarios de la GNB que se encuentran con medidas cautelares sustitutivas de libertad, es decir, se encuentra con libertad condicionada.
Además destacó que el MP adelanta la investigación de 81 casos sobre presunta violación de los derechos humanos, de los cuales 75 casos se presumen que sean por trato cruel, dos por tortura, dos por homicidio consumado e igual número por homicidio frustrado.
“Tenemos como política el respeto a los Derechos Humanos”, reiteró la Fiscal.
Ratificó que el Estado venezolano -que nació con la Constitución aprobada por el pueblo en 1999- es garante y defensor de los Derechos Humanos, situación que contrasta con el Estado represor de la IV República que desde 1958 a 1998 ejecutó un régimen violento que dejó más de 5.000 muertos, desaparecidos y torturados, hechos por lo que el Estado venezolano creó una Comisión por la Verdad que investiga estos crímenes de lesa humanidad.
Recordó que en Venezuela entre los años 1958 y 1998, se ejecutaron innumerables violaciones a los Derechos Humanos, entre las que figuran masacres como la de Cantaura, Yumare y El Caracazo, que enlutaron al pueblo y que nunca fueron investigadas a fondo por los gobiernos de la cuarta república.
Ortega Díaz: Existen 21 casos conclusivos por hechos violentos entre febrero y marzo
Ortega Díaz también informó que el Ministerio Público ha procesado 21 casos conclusivos por los hechos violentos ocurridos durante febrero y marzo de este año por parte de grupos vándalicos de la derecha venezolana. De esos 21 actos conclusivos, 20 son acusaciones y un sobreseimiento.
Entre los casos, señaló que se acusó a Rodolfo Carlos Pasos González por los delitos de homicidio intencional simple en perjuicio del estudiante de 17 años, José Ernesto Méndez. “Eso ocurrió el 17 de febrero cuando fue atropellado en la avenida perimetral de Carúpano (Sucre)”, expresó.
Agregó que el suceso ocurrió durante una protesta en la que resultaron heridas cinco personas, Pasos González, fue acusada por el delito de homicidio intencional en grado de frustración y se encuentra privada de libertad.
Acotó que en Lara se acusó a Héctor Doménico Pusatti Martínez por delitos de homicido calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Arturo Alexis Mariotnez, de 58 años, quien era hermano del diputado a la Asamblea Nacional, Gustavo Martínez.
Indicó que se le acusó por delitos de porte de armas de fuego en lugares prohibidos y por descargar arma de fuego en lugares públicos y habitados e instigación pública. “Aquí la victima fallece de un impacto de bala, mientras limpiaba escombros de una barricada en una avenida de Barquisimeto en el estado Lara”.
Igualmente, la Fiscal General de la República dijo que se acusó en Táchira a Jesmer Gregorio Cegarra Suárez por delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Dani Joel Mengarejo Vargas, quien tenía 20 años de edad, obrero de profesión, quien fallece tras recibir heridas punzopentrantes durante una riña sostenidad en una barrida popular, en el municipio Cárdenas de Táchira.
Por este hecho también se acusó a un adolescente por el mismo delito y ambos se encuentran privados de libertad.
En Caracas, refirió Ortega Díaz, que se acusó a funcionarios de la Policía de Chacao: Aldair Alberto Pratos Sánchez, Erling Dubraska Noguera López, José Gregorio González Guevara, quienes está detenidos. El primero, por el delito de homicidio intencional en grado de autoría, y a los dos últimos por homicidio intencional en grado de tentativo en perjuicio de la también funcionaria Karelis Chacón Benítez, quien tenía 25 años y era funcionaria del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que fallece cuando recibe un impacto de bala ofrecido por miembros de una comisión de la Policía de Chacao en la autopista Prados del Este.
Ortega Díaz agregó que en Táchira se acusó a Henry Verno Cabrera por los delitos de homicidio intencional agravado en grado de frustración en perjuicio de Jesús Duque, María Porras y Jorge Omaña. “Esto ocurre cuando Cabrera efectuó disparos contra la Policía Nacional Bolivariana logrando herir a dos funcionarios e impactar a un tercero en el chaleco que portaba en ese momento, este ciudadano está privado de libertad”.
Refirió que en Carabobo se acusó a Víctor José de Almeida Ramos por delito de homicidio intencional calificado en grado de tentativa y por el delito de uso indebido de arma de fuego en perjuicio de Anibal Rafael Hernández, quien resultó herido luego de que de Almeida accionara su arma de fuego durante una manifestación en la que se produjo una confrontación. El hecho ocurrió en la avenida Cedeño de Valencia.