Los diputados Parlamento venezolano, Andrés Eloy Méndez, Gladys Requena y Tania Díaz, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), confirmaron este jueves que fue librada una orden de captura contra el director del despacho de la Gobernación del estado Miranda, Óscar López Colina, miembro del partido de derecha Primero Justicia, por estar involucrado en presuntos ilícitos fiscales. Méndez precisó que este miércoles “fue liberada una orden de captura contra el ciudadano Óscar López Colina, dicha orden de captura fue acompaña por un Fiscal Nacional que incorporó allanamientos tanto a sus viviendas como a algunas empresas vinculadas a delitos tipificados en nuestra legislación”.
Texto: Telesur
Esta decisión tuvo lugar debido a la presunción de que el parlamentario está involucrado en los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales por los donativos que recibió en los últimos años para financiar supuestas actividades sociales. La vivienda de Óscar López fue allanada durante la mañana de este miércoles por parte de una comisión de la Dirección General de Inteligencia Militar.
El parlamentario recordó que cuando se allanó la inmunidad parlamentaria del diputado de la derecha, Richard Mardo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de esa nación realizara la solicitud formal ante el Parlamento, se dio a conocer al país diversos correos electrónicos comprometedores.
En ese sentido, puntualizó que el intercambio de mensajes se desarrolló entre “señores de la alta dirigencia de la mafia amarilla (Primero Justicia): me refiero al señor Armando Briquet, Julio Borges; también Óscar López Colina, Richard Mardo e Ismael García”.
Méndez aseguró que Óscar López Colina es “el zar de las finanzas del cartel amarillo, pero resulta que él es funcionario público, es el director del Despacho del Gobernador ausente de Miranda y excandidato perdedor (Henrique Capriles Radonski), es decir, está regido por todas las normas de un funcionario del Estado”.
En ese contexto, cuestionó cómo se justifica el dinero recibido durante año y medio; 107 millones de bolívares (16 mil 984 dólares) y que “pagó, durante cinco meses, 273 millones de bolívares (43 mil 333 dólares) sin estar en período de campaña electoral”.