El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció hoy ante los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en los que ponen en duda la información suministrada por el Estado venezolano acerca de la muerte de varias personas, producto del llamado a la violencia del ex candidato de la derecha, Henrique Capriles, luego de no reconocer los resultados de los comicios de abril. Igualmente, da a entender que derechos políticos fundamentales -como el derecho de reunión, de libre asociación y libertad de expresión- están en peligro en el país.
Texto: AVN
“La cuestionada y desprestigiada Cidh vuelve a arremeter contra la democracia y el pueblo venezolanos. Una vez más la rechazamos y repudiamos”, escribió en su Twitter @NicolasMaduro.
En su comunicado, la Cidh “insta al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión en este contexto”. Según el ente, con sede en Washington, las autoridades venezolanas deben “iniciar investigaciones sobre todas las muertes y hechos de violencia reportados” tras las elecciones y sancionar a los responsables, garantizando el “debido proceso”.
La comisión es un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y también pidió a Venezuela investigar el supuesto hostigamiento y amedrentamiento contra funcionarios públicos, luego del incidente violento en la Asamblea Nacional la semana pasada.
Chaderton: Cidh minimiza la muerte de 11 venezolanos
Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, cuestionó la posición de la Cidh sobre los hechos violentos promovidos por el candidato opositor luego de que se emitieran los resultados electorales del 14 de abril.
A juicio de Chaderton, la Cidh “protege a los responsables de los hechos de violencia azuzados por el mal perdedor en las elecciones presidenciales del 14 de abril”.
A continuación reproducimos la declaración íntegra de Chaderton:
Declaración del Embajador Roy Chaderton Matos,
Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos
Washington DC, 10 de mayo de 2013La deplorable, lastimosa e insólita Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía no ha dado explicaciones por su silencio cómplice ante la masacre de miles de venezolanos por fuerzas represivas en 1989, reconocedora del Gobierno golpista que disolvió todas las instituciones democráticas y asesinó decenas de venezolanos en abril de 2002; fiel a su tradición antichavista y pro-imperial irrumpe hoy con un Comunicado que protege a los responsables de los hechos de violencia azuzados por el mal perdedor en las elecciones presidenciales del 14 de abril.
La CIDH, en su aparentemente prolija declaración, minimiza la muerte de 11 venezolanos, niños, varones y mujeres, partidarios del candidato triunfador Nicolás Maduro, arrollados, baleados o linchados por las turbas enardecidas que se lanzaron sobre las calles para desahogar la iracundia contagiada por el candidato vencido a pesar del apoyo ventajista que recibió de la dictadura imperial, de la dictadura mediática y de la ultra derecha venezolana, latinoamericana y europea.
Esta declaración comprueba una vez más la absurda sujeción de los burócratas nutridos en Washington DC a la tesis oportunista de que sólo los Estados violan los derechos humanos y pretenden, cual recurrente tribunal de inquisición, atribuir responsabilidad al Estado venezolano en lugar de señalar a los opositores que, consecuentes con sus prácticas golpistas y antidemocráticas, trataron otra vez de sumergir a Venezuela en un mar de violencia, afortunadamente neutralizada con respeto a las leyes y la Constitución. También fracasaron en su infeliz intento de aislar a un Gobierno legal y legítimo, reconocido expresamente por la comunidad internacional.
Se evidencia de nuevo la creciente descomposición de una Cidh cuyo Relator para Venezuela es un comprometido personaje cripto-pinochetista, miembro de la mafia de expertos en derechos humanos egresados de la American University en esta capital.
Finalmente, este Comunicado refleja cuán inútiles han sido los esfuerzos emprendidos por unos pocos individuos de buena voluntad dentro de una CIDH que continua siendo controlada por los herederos de su anterior Secretario Ejecutivo.
CIDH copia el discurso de la derecha para desestabilizar
En el documento, la Cidh se apega al discurso desestabilizador de la derecha nacional e internacional en contra del nuevo Gobierno venezolano, para acusarlo de manipular los hechos ocurridos el 15 de abril, una vez que el candidato opositor desconoció los resultados y llamó a una protesta violenta que dejó el lamentable saldo de 10 muertos y más de 70 heridos.
La Cidh se hace eco de organizaciones antigubernamentales como Provea en un comunicado sobre las muertes violentas y los ataques a sedes de instalaciones públicas y privadas ocurridas el 15 de abril, y pone en duda la información suministrada por parte del Estado venezolano, el cual informó -según dice el texto el 8 de mayo- que los hechos se produjeron a partir del llamado a la violencia por parte del candidato perdedor, Henrique Capriles, y que todas las víctimas fatales militaban en las filas del chavismo.
Además, comenta -con base en información proporcionada por organizaciones de la “sociedad civil”- sobre la presunta “represión de manifestaciones públicas a través del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, arrestos presuntamente arbitrarios, prohibición de realizar manifestaciones publicas, amedrentamiento a funcionarios públicos con base en sus opiniones políticas, y restricciones a la libertad de expresión”. Agrega que “organizaciones de la sociedad civil han informado a la CIDH sobre muertes y lesiones que habrían sido consecuencia del presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, así como detenciones presuntamente arbitrarias a miembros de la oposición”.
Además, hace referencia a “los ataques violentos ocurridos el 30 de abril en la Asamblea Nacional”; aunque en este caso las organizaciones de la sociedad civil no le informaron que los hechos fueron provocados por la bancada de derecha en el Parlamento, como lo denunció el Ejecutivo.
Nuevamente, la CIDH vuelve a arremeter contra el Estado venezolano sobre la presunta restricción a la libertad de expresión. Señala que recibieron denuncias, una vez más sin especificar la fuente, sobre “agresiones sufridas por periodistas, la destrucción de material y violencia contra medios de comunicación los días 14, 15 y 16 de abril”. Estos días solo fueron agredidas las sedes del canal del Estado Venezolana de Televisión y de la cadena internacional Telesur.