Aldemaro Barrios, miembro del Frente de Familiares y víctimas del puntofijismo, estuvo la tarde de este jueves en el noticiero Cultura al día de Alba Ciudad 96.3 FM, explicando de qué se trata esta organización y algunas de las acciones, a raíz de lo acontecido el pasado domingo 6 de diciembre, ante alguna de las declaraciones irresponsables por parte de algunos miembros de la derecha venezolana.
Texto: Angie Vélez, Alba Ciudad / Fotos: Luigino Bracci
El frente social de familiares y amigos de asesinados y desaparecidos tiene ya un tiempo; de hecho, es el motor que promovió la ley para sancionar los crímenes por violaciones de Derechos Humanos (DDHH) entre los años 1958 y 1998. Está constituido por una serie de colectivos que han estado en años luchando por la defensa de los derechos humanos; muchos de estos colectivos están en Caracas así como en todo el territorio del país.
“Que se recuerde que, en este país, antes de 1998 existía todo el marco legal que hoy permite el resguardo de los derechos humanos como nunca en la historia del país. Esa es una de las leyes, la ley para sancionar los crímenes contra el Silencio del olvido y la ley contra la tortura y los tratos crueles”, señaló Barrios.
Alguno de sus miembros fueron colaboradores para las leyes que hoy protegen los Derechos Humanos de los venezolanos. De forma que lo que se pudiera pensar en cuanto a lo que hace la verdadera sociedad civil organizada, es dar respuesta a actitudes irresponsables como lo que se ha escuchado de algunos candidatos de la derecha asumiendo la defensa de supuestos presos políticos, “cuando en realidad se trata de personas que actuaron en acciones criminales contra el estado y contra las personas incluso algunos con delito de lesa humanidad”.
El frente de víctimas del puntofijismo nunca ha recibido ningún tipo de comunicación de organizaciones internacionales, pero sí han recibido invitaciones de organismos serio como el “Instituto de Políticas Públicas del Mercosur”. El pasado septiembre, miembros del Frente de Familiares y de la Comisión por la Justicia y la Verdad estuvieron en las discusiones sobre el tema de políticas públicas en el tema de los DDHH.
Alguna de sus propuestas están siendo consideradas por el parlamento del Mercosur para ser ingresadas como políticas obligantes para los estados miembros de este organismo.
Barrios recordó que en Venezuela existe una legislación que debe respetarse. Destacó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su articulo 30, “hoy más que nunca tiene vigencia, hoy en este instante, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser leída por la mayor cantidad posible, debe ser interpretada en términos de lo que significa las agresiones que alguno de los que hoy son funcionarios públicos, porque van a ser juramentados el próximo mes de enero, deben leer la Constitución, ya antes de ser asumidos han violado la Constitución”.
En relación al artículo 30, explicó que hay personas imputadas por violaciones a los derechos humanos por los 43 víctimas de las guarimbas de 2014. Además mencionó el articulo 46 de la Constitución, donde plasma que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: 4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
Para Barrios es evidente que las declaraciones del candidato Ramos Allup infringieron el artículo 46 de la Constitución. Por lo tanto, le corresponde al estado actuar en razón de sus declaraciones, especialmente cuando calificó a los trabajadores de ANTV como la vergüenza. “Eso está tipificado en la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 46”.
En contra de una ley de amnistía
Por otra parte, Barrios señaló que el tema de la defensa de los DDHH es hoy en día un tema de prioridad establecida en la constitución, en vista de lo que hizo Ramos Allup, que aún no siendo diputado pero siendo ya electo, infringió la Carta Magna.
“Nosotros como Frente de Familiares y Víctimas de Violaciones del DDHH, hemos indicado y señalado que una ley de amnistía para supuestos presos políticos, es improcedente porque a estos señores se les imputó por acciones comprobadas por delitos que están tipificados en nuestra ley como delitos y crímenes, por tanto la impunidad no puede ser argumentada a través de una supuesta ley de amnistía que están promoviendo y que va en contra de los derechos que tienen los venezolanos, especialmente los que fueron víctimas de violaciones a sus derechos como el caso de las guarimbas”, explicó.
El frente de Familiares de acuerdo a lo que establece la ley contra el Silencio y el Olvido, es parte integrante de la Comisión por la Justicia y la verdad, órgano ley que realiza las investigaciones y entrega al Ministerio Público los insumos, para que se gestionen investigaciones de tipo judicial y deriven en conclusiones penales.
Han estado trabajando consecuentemente en sumar la mayor cantidad de denuncias comprobadas, hasta ahora la Comisión por la Justicia y la verdad tiene una cifra pública del mes de octubre, hasta ese mes se habían certificado ya en expediente comprobados alrededor de 6 mil casos de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros o torturas producidas por funcionarios públicos en el periodo 58-98, sin contar los cerca de 3 mil víctima que hubo en el Caracazo; sin contar además las víctimas indirecta que conforman los familiares.
Para colocar otro ámbito, mencionó un caso en particular de Ramos Allup, siendo él presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso de la República, existió una denuncia de cerca de 3 mil personas que habían dado dinero a Inavi para adquirir casas y ni les dieron el dinero, ni les dieron las casas.
“Si ustedes pueden conseguir en internet una entrevista que le hizo entonces Sofía Ímber y Carlos Rangel en el año 89, registrado en unos archivos de la escuela de comunicación de la Universidad Católica, ahí están las grabaciones y él asume el hecho de que: bueno, cómo se hace se perdieron”, en relación a este hecho Barrios se preguntó, ¿qué responsabilidad tiene una mandatario al decir: bueno eso se perdió?, ¿cómo que 3 mil personas en el año 89 perdieron sus casas por una responsabilidad del estado?.
Finalmente invitó a ver la historia desde el punto de vista no contemplativo, comparativo para que se vea con qué personaje se va a encontrar el pueblo venezolano en la Asamblea, a partir del 5 de enero del año 2016
