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La Asamblea Nacional aprobó este lunes solicitar al Fiscal General de la República que aplique la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista a los exdiputados del extinto parlamento de 2015.
Texto: Últimas Noticias
La decisión fue aprobada por la Comisión Delegada de la AN, liderada por el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, quien presentó una carta enviada por dirigentes opositores al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y jefe de misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, solicitándole recursos para sus “funciones”.
Explicó que mediante esa carta, los militantes de la ultraderecha están solicitando más recursos antes del cambio de Gobierno en Estados Unidos. “Estos descarados lo que están es buscando la manera de que su dueño, Palmieri, les apruebe los dineros que no les pertenecen, sino que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, subrayó.
Rodríguez señaló que estas parlamentarias y parlamentarios reciben 5.000 dólares mensuales de una partida denominada “Guardianes de la Democracia”, con los recursos y activos que les han secuestrado y robado a Venezuela en el exterior, entre ellas los dividendos de CITGO que le pertenecen a los venezolanos y venezolanas.
“Esta carta es la demostración fehaciente que debe aplicarse de inmediato a la señora Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, lo que está establecido en materia de inhabilitación política y delitos de orden penal tipificados en la Ley Simón Bolívar y de Extinción de Dominio”, dijo Rodríguez, al destacar que se trata de un crimen y una violación flagrante.
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Las ciudadanas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, se autodenominan presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente, de la inexistente “AN 2015″.
Al respecto, calificó de estupidez el hecho de que se autodenominan integrantes de una asamblea nacional inexistente, así como que hayan participado en una reunión secreta, de la cual “no hay ningún registro de elección, reunión, votación, ni de la existencia real de estos diputados vitalicios que se abrogan un cargo que no les corresponde”.
En este sentido, destacó que se les deben aplicar las penas previstas en la referida ley, como la inhabilitación política, extinción de dominio y acciones penales.