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Las sanciones ilegales o medidas coercitivas unilaterales constituyen una violación a la prohibición expresa de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de las fuerzas contra poblaciones civiles. En ese sentido, las sanciones matan. Las medidas coercitivas unilaterales constituyen una herramienta directa de agresión contra la población de un país.
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Desde diciembre del 2014 a 2020 se han ejecutado una serie de medidas coercitivas han venido asfixiando a la industria petrolera nacional, han atacado directamente a PDVSA, han restado operatividad financiera, logística, administrativa a nuestra industria nacional, afectando directamente a los ingresos en Venezuela que han caído en más del 90.5%. Su objetivo es crear el colapso económico en Venezuela causando sufrimiento a toda la población.
Al día de hoy, 176 entidades públicas venezolanas han sido sancionadas ilícitamente, 133 funcionarios han sido sancionados, 22 personas naturales por tener relación económica, financiera, comercial con Venezuela; 9 buques extranjeros han sido sancionados por transporte de crudo venezolano, 40 buques de PDVSA fueron sancionados, 15 aeronaves de CONVIASA sancionadas, 41 aeronaves de PDVSA han sido sancionadas, 9 empresas venezolanas han sido sancionadas, 9 empresas del Estado venezolano y 61 empresas extranjeras relacionadas con Venezuela.
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