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El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció la imposición de sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y siete personas más presuntamente implicadas en violaciones de derechos humanos.
Texto: Sputnik
“El Consejo ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas más, entre ellas a la vicepresidenta Rosario Murillo, como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, dice el comunicado oficial.
Según el bloque comunitario, las restricciones están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses.
Esta decisión eleva a 14 el número de personas que son objeto de una inmovilización de bienes en el territorio de la UE y a las que ciudadanos y empresas de los Veintisiete tendrán prohibido aportar recursos financieros. Las personas sujetas a sanciones tampoco podrán entrar al territorio de la UE o transitar por él.
Argumentando su decisión, el Consejo de la UE señala que “la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses” y que “el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense”.
“Las medidas adicionales de hoy demuestran que la UE sigue estando resuelta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de Nicaragua”, resalta el comunicado.
El arresto a fines de julio pasado de Noel Vidaurre, el séptimo precandidato presidencial que fue privado de libertad en el país centroamericano, “ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones” a juicio de la UE.
Los Veintisiete vuelven a exigir “la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses”.