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El Ministerio Público ha contabilizado 97 detenciones de ciudadanos vinculados a hechos de corrupción en estaciones de servicio, por apropiación o venta irregular de gasolina, de los cuales 58 son personas particulares y 39 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Precisó que de los 97 detenidos, 70 están privados de libertad y 27 tienen medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad. ¿También dio información sobre el caso DirecTV.
Texto: AVN
“Es importante destacar que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción, los administradores, operadores, vigilantes y demás personal de las estaciones de servicio, a pesar de no ser funcionarios públicos, ejercen una función pública”, acotó.
El fiscal general refirió que el administrador y algunos operadores de la estación de servicio Palotal, en el estado Zulia, de manera conjunta con particulares, se dedicaban a solicitar dinero con el objeto de otorgar privilegios en el suministro del combustible.
“Por estos hechos se detuvo a 13 personas, entre ellos cuatro particulares en el ejercicio de funciones públicas temporales. Los delitos en lo que habrían incurrido son corrupción propia, contrabando agravado, obtención indebida de bienes y servicios, y asociación”, detalló.
Imputados tres directivos de Directv Venezuela por estafa y boicot
Saab también informó que el pasado 5 de junio fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tres directivos de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela, a quienes el Ministerio Público imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir, tras el cese de operaciones de Directv en nuestro país.
Estas personas han sido identificadas como el gerente general Héctor Rivero, el vicepresidente de Operaciones Rodolfo Carrano y el vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos Villamizar, a quienes se les dictó medida de privación judicial de libertad.
“Cabe destacar que Héctor José Rivero Olivares, en su condición de gerente general de la mencionada empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a Directv Venezuela a finales del año 2019. Esto constituye uno de los indicios de que desde entonces se estaba preparando el cese de las operaciones”, apuntó.
Asimismo, mencionó que estos ciudadanos transgredieron el artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción, tal y como fue decretado a mediados de marzo en el país por la pandemia del Covid-19.
“En esto se presume la existencia de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos”, relató.
Tres efectivos militares y cuatro civiles fueron detenidos por robo y venta ilegal de explosivos
El Fiscal General tambien informo que tres funcionarios militares y cuatro civiles fueron detenidos por estar involucrados en el robo y venta ilegal de explosivos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). A estas personas se les dictó privativa de libertad por la presunta comisión de terrorismo, asociación, tráfico ilícito de armas y fabricación ilícita de armas.
Saab detalló que el pasado 1 de junio, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) desmantelaron un grupo de delincuencia organizada en el estado Lara, dedicado al hurto y venta de explosivos pertenecientes a la Fanb. “Estos funcionarios recibieron una denuncia sobre la negociación de unas granadas por parte de un individuo. Al abordar al señalado, se comprobó que el mismo cargaba una granada fragmentaria. Al ingresar a su hogar se encuentra también una escopeta”, apuntó.
Igualmente, los efectivos del Faes detuvieron a dos hombres en una mujer en otra residencia situada en Cabudare, donde localizaron otras dos granadas. “La mujer detenida informó que había otras granadas en un local comercial ubicado en Biscucuy y que las mismas eran suministradas por su esposo, de nombre Croicet Lucena y dos tenientes del Ejército Nacional Bolivariano; que eran amigos de su esposo”, detalló el fiscal general.
En dicho establecimiento, el Faes encontró 17 granadas fragmentarias modelo M26 y 20 sistemas de iniciación espoleta de granada de mano modelo M26, así como 7 detonadores no eléctricos, 795 gramos de presunta sustancia explosiva, 17 metros de cordón detonante, 17 metros de mecha de seguridad, y 2 escopetas calibre .12 de un solo cañón.
Los detenidos fueron identificados como Josué Álvarez, Jesús Lucena, Egilcot Lucena, Thaysbell Torres; además de los primeros tenientes Croicet de Jesús Lucena, Visnel Ramón Rodríguez y Alexis Alberto Gómez. A estas personas se les impuso privativa de libertad por la presunta comisión de terrorismo, asociación, tráfico ilícito de armas y fabricación ilícita de armas.