Bachelet manifestó preocupación por nuevas medidas coercitivas contra Venezuela

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, una nueva actualización de su informe sobre Venezuela. Si bien mantuvo sus críticas y observaciones contra el gobierno venezolano, señaló su preocupación ante la imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales contra el país por parte del gobierno de Estados Unidos, que menoscaban derechos fundamentales del pueblo venezolano. También valoró el diálogo entre gobierno y oposición.

Texto: Telesur y agencias

En la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el contexto del 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada se refirió especialmente a las “sanciones” contra la aerolínea venezolana Conviasa y la empresa petrolera estatal petrolera Pdvsa.

Estas medidas, advirtió, disminuyen los recursos del Gobierno Nacional destinados al gasto social, para el cual se dispone más del 70% del presupuesto del país.

Señaló también que las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos, destacando problemas como la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante. “Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina”, dijo.

Bachelet también valoró el proceso de diálogo político que impulsa el Gobierno venezolano con sectores de la oposición. “Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes”, señaló en el texto del informe presentado por la comisionada.

Por otro lado, Bachelet mantuvo su posición de que la violencia y el acoso contra periodistas, manifestantes y dirigentes opositores continúa en Venezuela, en su opinión “acompañado de una retórica que estigmatiza a las víctimas”. Culpa de ello a fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno.

También afirmó que, desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad venezolanas supuestamente han dificultado el acceso de los diputados opositores a la sede de la Asamblea Nacional, sin aclarar la situación luego de la elección de Luis Parra como nuevo presidente del ente legislativo.

La alta comisionada también criticó el proyecto de legislación para sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiación del exterior, que tiene como objeto frenar a aquellas entidades que reciben fondos de parte de gobiernos extranjeros, en particular el estadounidense, para intervenir en asuntos internos venezolanos.

Desde el año 2014 se han adoptado más de 300 medidas coercitivas unilaterales desde Estados Unidos para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano.
En consecuencia, se ha generado una abrupta disminución del ingreso petrolero nacional de Venezuela, que ha pasado de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013 a 4 mil millones en 2018.

La administración estadounidense anunció en febrero pasado nuevas medidas coercitivas unilaterales contra Conviasa, en un intento de golpear una empresa venezolana que presta un servicio público tanto para el pueblo venezolano y otros pueblos del mundo.

Embajador venezolano: El informe carece de balance

Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, quien también estuvo presente en la referida audiencia, manifestó que la actualización sobre el informe de Venezuela sobre una serie de supuestas violaciones a los DDHH, no presenta detalles ni investigación rigurosa en su mayoría.

Según informó el Correo del Orinoco, el embajador se expresó sobre las puestas alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes a políticos presos en las sedes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Al respecto, el diplomático señaló: «Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario, pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela».

Valero criticó, en ese sentido, que los países que promueven el informe contra Venezuela (pertenecientes al Grupo de Lima) no observen la situación sobre los derechos humanos en sus propios territorios. También precisó que con mentiras y medias verdades «se pretende imponer un infructuoso mecanismo de monitoreo, cuya implementación cuesta más de dos millones y medio de dólares, para elaborar un informe plagado de mentiras».