Foto: @Cancilleria_VE
El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, introdujo este jueves en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad cometidos a causa de las medidas coercitivas o sanciones ilegales, que dicho gobierno ejecuta contra Venezuela como medid de presión para forzar la salida del Presidente constitucional, Nicolás Maduro.
Texto: Alba Ciudad, Telesur, AVN y Prensa Cancillería
Arreaza consignó este jueves una misiva suscrita por el presidente Nicolás Maduro ante la CPI, por medio de la cual se solicita formalmente el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto.
“Tenemos la convicción de que las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad; en este caso, contra la población civil de Venezuela”, dijo el diplomático venezolano en una rueda de prensa desde La Haya, Países Bajos, luego de remitir el caso ante el tribunal internacional.
Estas medidas, reiteró, simbolizan una nueva modalidad del uso de la fuerza en una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y los principios más elementales del derecho internacional.
“Son armas de destrucción masiva y sólo con el multilateralismo plenamente activado, y en ofensiva contra la ilegalidad, podemos detenerlas; y no sólo lo hará la República Bolivariana de Venezuela y su capacidad de resiliencia, sino el sistema multilateral, los Estados coordinadamente deben detener la barbarie y que se imponga el único imperio que debe existir que es el imperio de la ley”, enfatizó.
Bajo estos argumentos, el canciller venezolano demandó pertinencia y oportunidad en el tratamiento de esta remisión a la Corte Penal Internacional. “Mientras la acción más tarda, más sufrimiento se genera, más personas son afectadas. Es un trabajo colectivo con carácter de urgencia”, que podría generar jurisprudencia, agregó luego de exponer las severas consecuencias de estas medidas en el pueblo venezolano en todos los ámbitos.
El canciller de Venezuela reiteró que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Venezuela están orientadas a crear las condiciones que propicien un cambio de gobierno por la fuerza en el país latinoamericano.
Venezuela invierte más del 75% del presupuesto en ayuda social
En rueda de prensa posterior al acto, Arreaza destacó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de las sanciones ilegales, invierte más del 75% del presupuesto nacional en ayuda social, manteniendo de manera sistemática las inversiones en educación, salud, seguridad social y programas habitacionales. Se busca mitigar el impacto negativo que las acciones unilaterales tienen sobre el pueblo venezolano.
Indicó que Venezuela continuará denunciando en todos los foros, en el ámbito internacional, o regional, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU contra Venezuela, puesto que son ilegales, y agreden a los ciudadanos.
Instó a la CPI a iniciar las investigaciones correspondientes, donde no solo encontrará que EEUU está al frente de una campaña para cambiar al Gobierno de Venezuela por la fuerza y de manera inconstitucional, sino que también hallará a ciudadanos venezolanos que piden estas sanciones ilegales.
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El canciller venezolano también llamó a los medios de comunicación a cesar las campañas de desinformación contra la nación y a no dejarse llevar por los intereses de los dueños capitalistas de estas empresas mediáticas, que se prestan a respaldar la política del Gobierno de Estados Unidos con las sanciones ilegales.
“La guerra por la vía económica también tiene una expresión comunicacional mediática: los grandes medios de comunicación son también instrumentalizados, utilizados como armas psicológicas para fabricar mentiras y convertirlas en verdad”, advirtió Arreaza. Las campañas desinformativas tienen el fin de darle sustento en la opinión pública a estas acciones ilegales de guerra que emprende EEUU contra Venezuela.
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Asimismo, Arreaza repudió que haya grandes medios de comunicación que sean utilizados como armas psicológicas para hacer creer situaciones en Venezuela que no existen, y recordó que antes de invadir un país hay factores que se prestan para hacer un trabajo psicológico mediático. “Aprovecho que están aquí las agencias de prensa de otras partes del mundo para que hagan un gran esfuerzo desde las fuentes de información primaria para transmitir la verdad, para no dejarse llevar por los dueños de medios de comunicación y para que no le hagan el juego en este caso a EEUU”, exhortó finalmente.
Las “sanciones” o medidas coercitivas unilaterales, iniciadas durante el gobierno de Barack Obama pero que se han intensificado con la administración de Donald Trump, impiden el libre acceso de Venezuela al mercado internacional, dificultan la venta de petróleo o la compra de alimentos y medicinas, y han congelado miles de millones de dólares del Estado venezolano en cuentas en bancos internacionales.
La más reciente sanción ilegal de Estados Unidos fue contra la aerolínea estatal Conviasa, que presta servicios de transporte a los venezolanos y lleva a cabo programas de atención social, como el Plan Vuelta a la Patria que rescata a inmigrantes víctimas de xenofobia y con escasos recursos económicos.
El presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, instruyó a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, así como al procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, a preparar la querella en búsqueda de la justicia ante los tribunales internacionales frente a la agresión estadounidense contra la nación.
El bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU ha impactado negativamente con mayor énfasis a los sectores de la alimentación y la salud del país, entre otros.
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Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel no figuren entre los miembros de la CPI. ¿Cómo afectaría esto al progreso de la denuncia de Venezuela contra el gobierno de los EE. UU.?