Foto: Redes sociales
El Ministerio Público venezolano informó, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el inicio de una investigación penal contra José Ignacio Hernández, la persona designada por Juan Guaidó como supuesto “Procurador General” venezolano, quien habría participado ilegalmente en el juicio en el que un tribunal estadounidense autorizó a la empresa canadiense Crystallex embargar los activos de la empresa Citgo, filial de Pdvsa en los Estados Unidos.
Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
El comunicado señala que “el ciudadano José Ignacio Hernández participó en representación fraudulenta del Estado venezolano en el proceso seguido en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estdos Unidos, en Filadelfia, el cual finalmente decidió rechazar una apelación de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) contra el fallo dictado en agosto de 2018 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Delaware, que permitiría a la empresa canadiense Crystallex International Corporation el embargo de activos de la empresa Citgo, filial de Pdvsa con sede en Estados Unidos”.
Indica el comunicado que Hernández “fue contratado en el pasado por la empresa Crystallex International Corporation como experto, con la finalidad de utilizar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos presentados por Pdvsa, lo que constituye una traición a todos sus conciudadanos. Con ese antecedente antivenezolano, se le pretendió designar para defender los intereses del país, mediante un procedimiento írrito e inconstitucional”.
Denota que su posterior participación como supuesto procurador, “además de carecer de legalidad” por no representar a Venezuela ni a Pdvsa, también implica un “conflicto de intereses que viola toda ética jurídica” y habría servido para fortalecer la posición de Crystallex en el juicio.
Este miércoles, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa, repudió la decisión de una corte de apelaciones en Filadelfia, Estados Unidos, de permitir el embargo de activos de Citgo por parte de la empresa canadiense Crystallex. Señaló que es “una operación de crimen organizado transnacional” para robarse los recursos de Venezuela. y la calificó de “una gran estafa mundial. Y Venezuela, el Estado venezolano, seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales”, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas.
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