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Manifestación de simpatizantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). FOTO: COLPRENSA
Servio Delio Cuasaluzán Guanga fue asesinado este lunes en Colombia, específicamente en el punto El Palmar, vereda Chabú, municipio de Ricaurte (Nariño), y se convirtió en el exguerrillero de las Farc número 133 en encontrar la muerte de manera violenta desde la firma del Acuerdo paz en 2016. De otros 11 no se sabe nada, se mantienen desaparecidos de manera forzada.
Fuente: El Colombiano
La semana que pasó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común brincó de un duelo al otro. Fueron cuatro los asesinados. Una noticia sobre otra iban llegando: el lunes las víctimas eran Ánderson Pérez (en Cauca) y Daniel Esterilla (en Nariño), el miércoles el fatídico turno fue para Carlos Miranda, a manos de la Fuerza Pública (en Meta), y ayer Cuasaluzán.
El partido político responsabilizó al Gobierno: “Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final; y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales”.
Lo que se ha hecho
De acuerdo con el consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, Emilio Archila Peñalosa, “el nivel de protección que nosotros disponemos para los excombatientes es en muchos anillos y muy robusto: para proteger los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) tenemos un batallón completo del Ejército, para los alrededores tenemos un batallón de la Policía que protege la seguridad de los habitantes cercanos, tenemos la Unidad Nacional de Protección con más de 200 esquemas de protección para excombatientes”.
Y añadió que la fiscal Marta Jeaneth Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, “ha mostrado que algunos de ellos han muerto a manos de grupos del narcotráfico y de terroristas, pero además ha mostrado un nivel de investigaciones, capturas y acusaciones un 50 % superior de lo que funciona el resto de la Fiscalía”.
Por su parte, el partido Farc calificó de inaceptables las explicaciones del Gobierno y las “frías cifras sobre presuntos responsables” presentadas por el ente investigador, “sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos y mucho menos la intensión de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas dentro del Plan Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”.
El presidente Iván Duque delegó en Archila, durante su periplo en Europa, la realización de una mesa de coordinación con todas las unidades del Gobierno Nacional, la Fiscalía y los organismos de control, para “garantizar la protección de los excombatientes que han dejado el camino de las armas y quieren entrar en la legalidad”.