Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), han estado trabajando para esclarecer el asesinato de la dirigente hondureña, Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, interponiendo una acción de recusación contra los miembros de la Sala del Tribunal de Sentencia del país. En última instancia fue suspendido minutos antes de que iniciara, el juicio oral y público.
Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)
La recusación que han impuesto ante el Tribunal en impedimento a que se realice el juicio en condiciones injustas, incluyen el recurso de amparo para que el Copinh a través de sus integrantes, sea reconocido en su condición de víctima del crimen de Berta y pueda participar del proceso penal.
Este recurso es ejercido por el COPINH debido a que en Tribunal tomó decisiones parcializadas que encubren la actuaciones ilegales del Ministerio Público en: ocultamiento de pruebas y falta de investigación.
“La estrategia del Sistema de justicia, para manipular de forma indebida el primer caso por el crimen de Berta, ha sido dejar que avancen todas la irregularidades de parte del Ministerio Público, denunciadas desde abril de 2017 y reiteradas en enero de 2018, para luego, a último momento llamar a juicio, y con la excusa de los vencimientos de los términos negar las peticiones de las víctimas acerca de la información y el desarrollo de un proceso que firme verdad”, dicta una parte del documento donde se relata el proceso que se han estado realizando para esclarecer la verdad sobre el asesinato de Cáceres .
Entre otras de las irregularidades del proceso que muestra el documento, se encuentran: El Tribunal ha negado la posibilidad de transmitir en vivo las audiencias del juicio, ha rechazado la incorporación de medios de prueba propuestos por las víctimas. Además se ha negado la inclusión de testimonios, Peritaje sobre los ataques antecedentes, peritaje de vinculación criminal y documentos que prueban las denuncias de COPINH y Berta por los ataques de la empresa DESA y sus empleados.
El COPINH, agotará todos los recursos de ley para que el sistema de justicia garantice los derechos de las víctimas, buscando también las condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo que permita llegar a la verdad del asesinato de la líder hondureña.
A continuación, el comunicado completo:
