Cancillería panameña.
El gobierno de Panamá ordenó este jueves retirar a su embajador, Miguel Mejía, de la República Bolivariana de Venezuela, luego de la decisión tomada por la nación suramericana de suspender las relaciones económicas y financieras con el país centroamericano. Mediante un comunicado, publicado en el portal web de las Relaciones Exteriores de Panamá, la nación centroamericana solicitó “al Gobierno venezolano retirar a su Embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno”.
Texto: AVN
De igual forma, “las autoridades panameñas evalúan el impacto de dichas medidas en el ámbito económico y comercial, a fin de identificar otras posibles futuras acciones”, agrega el comunicado.
Al respecto, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, rechazó en nombre del gobierno bolivariano la decisión. “El Gobierno Bolivariano rechaza la inaceptable agresión del antipopular y corrupto gobierno del presidente Juan Carlos Varela, en contra del pueblo de VENEZUELA. El presidente Varela pretende distraer la atención de la grave descomposición moral que atraviesa su gobierno”, escribió en su cuenta Twitter.
Al respecto, anunció que “en resguardo a los sagrados intereses de la Patria de Bolívar y del pueblo venezolano, el Presidente Nicolás Maduro decidió llamar a consultas a nuestro digno embajador ante la República de Panamá, Capitán bolivariano Jorge Durán Centeno”. Defendió “las medidas soberanas y dignas adoptadas hoy por el Gobierno Bolivariano”, e indicó que estas “son la respuesta colectiva de un pueblo heredero de las glorias del Padre BOLÍVAR y que jamás traicionará su memoria para entregarse a los intereses del imperialismo, como lo hace el presidente Varela”.
Más temprano, el Gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá. La medida se formalizó en una resolución conjunta de lo ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional, y Banca y Finanzas.
Entre las personas incluidas figura el presidente panameño, Juan Carlos Valera; la canciller, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; y la ministra de Gobierno, María Luisa Romero. En el caso de las empresas figura la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex y Pan Colombia Travel.
El Gobierno venezolano señaló que en numerosos procesos ejecutados por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han “evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público”.
Ante este escenario, Venezuela señala que estos delitos han sucedido bajo la opacidad del sistema financiero de Panamá y “con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país”.
La medida se toma días después de que el gobierno de Panamá aplicara sanciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y 55 funcionarios de su gobierno, acusándolos de supuesta participación en delitos de lavado de dinero.