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Foto: TSJ
Este martes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentó a Katherine Nayarith Haringhton Padrón como nueva vicefiscal general de la República, en cumplimiento de la Sentencia 470 que decretó la nulidad absoluta de la designación efectuada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, del ciudadano Rafael González Arias en el mencionado cargo.
Texto: Alba Ciudad
La Sala Constitucional señala que dicha designación, realizada por Ortega Díaz el pasado 17 de abril de 2017, es contraria a la Constitución y las leyes, ya que debía contar con la aprobación de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional y, al mantenerse ese órgano en desacato, “lo conducente dentro del estado de derecho es que la ciudadana Fiscal General acudiera a esta Sala Constitucional, dada la situación de anormalidad existente que choca con el Estado de derecho, al estar deslegitimada la Asamblea Nacional para ejercer competencias constitucionales”.
Por tal razón, “y para la continuación de la vigencia del órgano, se procederá a juramentar al vicefiscal en virtud de la vacante del acto”. Acto seguido, fue juramentada la abogada Katherine Nayarith Haringhton Padrón como nueva vicefiscal.
Ortega Díaz dice que la desconocerá
Pocos minutos después, la Fiscal General dio una rueda de prensa desde el Ministerio Público, donde señala que desconocerá la designación de la nueva vicefiscal.
“Desconozco a la vicefiscal juramentada por el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo al señalar que no se someterá ante un TSJ cuyos magistrados, en su opinión, son “ilegítimos e inconstitucionales”. Indicó que “no voy a convalidar un circo, cuya decisión está cantada. No los reconozco”, razón por la cual no se iba a presentar a la audiencia convocada para este martes en la que se iniciaría un antejuicio de mérito en su contra.
Haringhton fue sancionada por el gobierno de Barack Obama
Haringhton Padrón nació el 5 de diciembre de 1971, es abogada egresada en 1997 de la Universidad Central de Venezuela. Ha ejercido como Fiscal nacional 20° del Ministerio Público y fue viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.
En marzo de 2015, el gobierno estadounidense anunció que ejercería sanciones contra ella y otros funcionarios del gobierno revolucionario por imputar casos contra diferentes dirigentes del ala violenta de la oposición, entre ellos a Antonio Ledezma, María Corina Machado, la hoy diputada Gaby Arellano, Henrique Salas Römer, Gustavo Tarre Briceño, Diego Arria, Robert Alonso Bustillo, Pedro Mario Burelli y Ricardo Emilio Koesling. Los dirigentes políticos fueron señalados por diferentes casos, entre ellos los relacionados con las “guarimbas” o protestas violentas de 2014.
Haringthon fue sancionada en ese momento por el gobierno norteamericano junto a Gustavo González López, Antonio Benavides Torres, Miguel Vivas Landino, Justo José Noguera Pietri, Gregorio Bernal Martínez y Manuel Eduardo Pérez Urdaneta. Haringthon era la única mujer y única civil sancionada.
Hoy puede parecer sorprendente, pero en aquel momento la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, le brindó todo su apoyo a Haringhton, quien ejercía como Fiscal del Ministerio Público.
Durante su presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional el 10 de marzo de 2015, Ortega señaló: “Katherine, mujer valiente a quien le expreso todo mi apoyo. No solo el apoyo de la fiscal general, sino de toda la institución del Ministerio Público, el pueblo venezolano está contigo (…) pretenden impedir que los fiscales cumplan sus funciones, quieren impedir que Katherine trabaje”, dijo.
“Pretenden impedir que nuestros fiscales cumplan con sus funciones, quieren impedir que Katherine trabaje (…) Los poderosos del norte no quieren que Katherine trabaje”, dijo Ortega Díaz en aquel momento.
“Ya estamos siendo cuestionados a nivel internacional. Nuestra fiscal, que hay que protegerla, tenemos que estar pendiente de Katherine Harrington, de su familia y sobre todo brindarle solidaridad”, expresó tras defender las actuaciones que el Ministerio Público realizó en torno a las protestas violentas de la oposición en 2014, que presentaron ante tribunales a 3.351 personas por diferentes delitos.
