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Productores campesinos de la comuna Negro Miguel, ubicada Buría, municipio Simón Planas del estado Lara, piden que se cumpla la Ley de Tierras y las penas establecidas en el marco del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, para procesar a los responsables y dar una solución urgente a la situación de desidia y abandono en la que se encuentra la agropecuaria privada “Tío Bravo”. Según afirma Carlos Luis Infante, vocero de la comuna, la agropecuaria presuntamente pertenece a un ex alcalde del municipio Jiménez del estado Lara y está registrada en el estado Yaracuy.
Infante asegura que el predio está abandonado desde hace dos años y medio aproximadamente, relata que “las personas que allí laboraban fueron víctimas de maltrato, se les irrespetaron sus derechos laborales e inclusive fueron despedidos todos sin ningún tipo de arreglo como lo establece la ley del trabajo”.
José Puentes, otro vocero de la comuna, puntualiza: “los trabajadores fueron echados a la calle y dejaron solo a seis personas, quienes reciben un pago de 7 mil bolívares semanales, es decir, 28 mil mensual sin ningún tipo de beneficios”. “La desidia criminal de los patronos se muestra en que teniendo animales de las razas Braford y Girolando, no les importó dejar la finca abandonada”, agregó Infante.
“La consecuencia de esto, es que los animales se están muriendo de hambre y enfermedades por desatención, de 500 reses que tenía el predio, ahora quedan de 22 a 30. Esos animales deberían estar dando carne y leche. Esto contradice los llamados del presidente Nicolás Maduro acerca de fortalecer la producción de alimentos para combatir el boicot económico y crear nuevas alternativas de producción”.
Infante agrega que las mencionadas razas de animales son importadas y “existen en el país gracias a convenios internacionales firmados por Venezuela” con naciones como Brasil y Argentina.
Impacto ambiental
Infante denuncia además que existe “un impacto ambiental muy negativo, ya que los animales se mueren y no hay una fosa sanitaria para depositarlos. Cuando llueve, las aguas arrastran residuos de esos animales hasta un río cercano cuyas aguas son de consumo humano. Siempre que se hacía un reclamo por esto, llegaba un comando de militares a amedrentar a la comunidad, a quitarles las motos, retenerles los vehículos, entre otros abusos”.
En el mismo orden, José Puentes relata: “al mirar cualquiera de esos cementerios, puedes contar hasta 70 animales muertos. En los alrededores de la finca hay una decena de animales descompuestos que incluso bordean las casas, generando un proceso de contaminación y peligro de infecciones para las personas de la comunidad. A cualquier hora se siente el olor fétido en el ambiente”.
Conflicto entre campesinos y propietarios de las tierras
El vocero de la comuna Negro Miguel, Carlos Infante, comenta: “como todos los años, en enero, los campesinos se organizan para la siembra de frijoles y caraotas. Hubo un campesino que estaba preparando la tierra de su parcela, colindante con la agropecuaria ‘Tío bravo’, para sembrar. Al propietario le pareció esto sospechoso y mandó a meter preso al trabajador Avelino Núñez. Lo detuvieron en los límites del estado Yaracuy, lo procesaron en Lara en menos de ocho horas y lo liberan con una medida cautelar, según la cual no se puede acercar a varios kilómetros de ese predio”.
“La comunidad, -prosigue Infante- en vista del atropello, además de que se trata de una tierra que está improductiva, decidieron entrar y ponerlo a producir, fue una decisión que se tomó en el Parlamento Comunal”. El comunero reseñó que el pasado 6 de diciembre, se interpuso una denuncia ante la Oficina Regional de Tierras (ORT) del INTI en Yaracuy y hasta la fecha no habían recibido respuesta. “Al ingresar encontramos tractores, maquinaria amarilla, ganado importado y todo en condiciones paupérrimas”, aseguró.
Destacó asimismo, que la comuna ya tiene experiencias positivas en el rescate de tierras: “ya venimos de dos experiencias exitosas, una fue la finca La Orqueta y la UPSA Negro Miguel, ambos espacios están produciendo maíz, caraota, leche, carne, es decir, que la comuna tiene un histórico de responsabilidad al rescatar las tierras, si los terratenientes no pueden o no quieren producir para el pueblo, nosotros los trabajadores sí”, enfatizó.
Exigen respuestas al Inti
“Pedimos la presencia de José Ávila en la unidad de producción para que él mismo constate la situación en que se encuentra el predio ocioso. Pedimos que sea el INTI de Caracas porque la denuncia ya está en la ORT de Yaracuy y no hay respuesta”. Infante aseveró que la Defensoría del Pueblo está al tanto de la situación.
Por último, Infante dijo que la comunidad “sólo pide que se cumpla la Ley de Tierras. La Constitución de la República es bastante clara y manifiesta que el latifundio está divorciado del interés social y éste es el caso. Hay una Ley de Tierras que se ha venido respetando desde el momento que se hizo la denuncia y quienes no la han respetado han sido el propietario y la institución local del INTI. Esperamos que le den ejercicio a esa Ley y se adjudique a los campesinos esas tierras para que las pongan a producir”, denunció.
Al respecto, José Ávila, titular del INTI declaró en su cuenta de Twitter @avilaelguerrero: “Hemos ordenado una inspección inmediata a propósito de la denuncia de la comuna Negro Miguel. Mano de hierro”.
Finalmente, Infante declaró que los trabajadores rurales de la Comuna han decidido sustituir el nombre del fundo por el de ‘EPSDC Bicentenario de Zamora’ e invitó a todo el movimiento popular, comunas del estado Lara, pueblo en general y medios de comunicación a participar en la Asamblea y actos de apertura del inicio de la siembra 2017 en el sector Las Aragüitas, entre los límites de los estados Lara y Yaracuy.