Yadira Córdova (Foto: Archivo, Últimas Noticias)
“Punto de honor” fue la expresión que utilizó la nueva ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova, al ser consultada sobre la eliminación de las pruebas internas en las universidades autónomas, uno de los temas controversiales que se abordará en el debate sobre el nuevo proyecto de Ley de Educación Superior, luego de que el presidente, Hugo Chávez, vetara la norma anterior.
Texto: Carolina Hidalgo, Ciudad CCS
—El presidente Chávez vetó la Ley de Educación Universitaria argumentando falta de debate. En su opinión ¿quiénes quedaron fuera del debate y cuáles aspectos no fueron debatidos?
—El Presidente se refería no tanto a quiénes quedaron fuera, porque ciertamente desde que comenzó la revolución estamos discutiendo sobre las universidades. La discusión que se dio en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente fue lo que precisamente garantizó que la autonomía tuviese rango constitucional, y lo da el Gobierno revolucionario y el debate constituyente. Posiblemente tuvo que ver con un tema de metodología para el debate. Creo que definir una gran estrategia nacional para la próxima fase del debate es lo que va a garantizar que tenga suficiente visibilidad y que todos los grupos se sientan expresados para recoger un nuevo proyecto de ley. Yo diría que las organizaciones del poder popular deben ser uno de los actores fundamentales a considerar, además de toda la comunidad universitaria.
—¿Cómo debe ser el ingreso a las universidades, en su opinión, con la nueva ley?
—Para nosotros es un elemento indeclinable. La Constitución garantiza el derecho al estudio y la educación. Y para nosotros es un punto de honor garantizar el ingreso universal. Si los estudiantes necesitan que se creen condiciones para que su ingreso sea de una manera más adecuada tendremos que crear estas condiciones, pero todas las personas que culminan la educación media tienen derecho al ingreso.
—¿Esto significa que debe eliminarse la prueba interna?
—Claro, eso estaría fuera de lo que hasta ahora ha venido avanzando en el terreno de la política de educación universitaria. Si estamos diciendo que el ingreso universal es la expresión del derecho a la educación que está contenido en la Constitución, las pruebas internas se convierten en un elemento de exclusión. Tenemos que definir el sistema de ingreso a la educación universitaria como un sistema que realmente responde a las necesidades del país, las vocaciones personales, a las condiciones de las universidades, de manera que entre todos encontremos una salida que garantice ese derecho.
—En algunas universidades el voto de un profesor vale por cuarenta de los estudiantes para la elección de autoridades. ¿Qué opina al respecto?
—El debate tiene que enmarcarse en lo que establece la Constitución que habla de inclusión y de democracia participativa. La democracia participativa no es un discurso vacío, sino que debe concretarse en los mecanismos específicos que garanticen que todos los que hacen vida dentro de las universidades tengan la opción de participar en las decisiones de la política académica, de política interna, y una de las vías es el voto y yo diría que no es el único. Nosotros tenemos que garantizar diferentes mecanismos para que se profundice y, en algunos casos, para que se cree la democracia participativa.
—¿Cómo cree que debe ser la votación en las universidades?
—Hay un debate bien importante en torno a ello. Creo que el voto debe ser en igualdad de condiciones. Todavía hay algunos que señalan que debe ser voto paritario. Es decir, de acuerdo a las proporciones de cada uno de los sectores. Pero mi posición es que todos tienen derecho al voto.
—¿Qué hacer para construir una ley que no implique conciliar con una visión que es ciertamente antagónica al proyecto Simón Bolívar?
—El propio Presidente nos dio un lineamiento que es ir al diálogo. Ahora, el diálogo no significa claudicar en los principios. Para nosotros, nuestros principios son los que están en la Constitución, están en el proyecto nacional Simón Bolívar. La propia oposición ha enarbolado la Constitución, bueno enmarquémonos en la Constitución. Vamos a debatir cómo es que la inclusión, que es un principio de la Constitución, se expresa en las universidades. Vamos a debatir cómo es que la participación protagónica está contenida y desarrollada en las universidades. Vamos a ver cómo es que todos esos elementos vinculados a la soberanía nacional que define nuestra Constitución se expresa en la Ley de Educación Universitaria y en las universidades. Si nosotros nos enmarcamos en la Constitución deberíamos encontrar puntos de acuerdo, de lo contrario estaría desenmascarándose a personas, grupos, organizaciones que están usando la Constitución sólo como excusa para entorpecer el desarrollo nacional, pero que en realidad no están dispuestos a defenderla. Nosotros estamos dispuestos a defender la Constitución.
—¿Tiene algún tiempo determinado el debate?
—Aspiramos a que se pueda avanzar rápido, porque los actores que estamos participando, incluyendo a la oposición, no estamos nuevos en este proceso, desde la Asamblea Nacional Constituyente se está discutiendo.
—¿Se logrará la Ley de Educación Universitaria que transforme la Universidad?
—Yo puedo decirte que haremos todo el esfuerzo.
El Estado debe definir las prioridades presupuestarias
—Se planteaba en el proyecto anterior que el Estado estableciera los criterios sobre la distribución presupuestaria con base en los planes y proyectos nacionales. ¿Usted cree que debe mantenerse este principio en la ley o habría alguna variante?
—Es parte del debate, porque el Estado debe definir las prioridades, y al Ministerio de Educación Universitaria le corresponde que los recursos se orienten hacia esas prioridades. Si nosotros definimos una prioridad y no le garantizamos el financiamiento es como si no lo fuese. O al revés, si le damos el financiamiento a aquellos aspectos que no son prioritarios aunque en el discurso estemos señalando alguna prioridad. Ese es el valor político que tiene el financiamiento. El financiamiento es un instrumento de política pública y debe estar cónsono con aquello que el Estado está definiendo como prioridad. Eso no significa que en una Universidad no se puedan establecer otros aspectos que a la institución le interesa, pero necesariamente debe responder a prioridades que tiene el Estado.
—Sin embargo, rectores de algunas universidades hablan de autonomía en el manejo presupuestario
—Yo creo que esa es una interpretación. Parte del debate va a dar luces sobre esto. Nosotros tenemos carreras que están saturadas y hoy habría que discutir si necesitamos abrir otros programas y, a lo mejor, congelar alguno o revisar qué se está formando allí, porque a lo mejor en el país no se necesita.